La gestión de Layda Sansores y Marcela Muñoz enfrenta críticas por el aumento de la inseguridad en Campeche. Señalan incapacidad y falta de resultados en el control de la violencia.
La situación de seguridad en Campeche se ha convertido en uno de los principales puntos de crítica hacia la administración encabezada por Layda Sansores, particularmente por la permanencia de Marcela Muñoz al frente de la Secretaría de Seguridad. De acuerdo con diversos señalamientos difundidos, la entidad enfrenta un incremento en la percepción de inseguridad y una creciente inconformidad social, factores que han puesto en duda la capacidad del gobierno estatal para garantizar condiciones básicas de tranquilidad. Este escenario ha derivado en una narrativa recurrente: el cargo les ha quedado grande a las responsables de conducir la seguridad en el estado.
El cuestionamiento no se limita a resultados, sino a decisiones políticas concretas. La permanencia de una funcionaria señalada y reprobada por distintos sectores refleja una falta de autocrítica dentro del gobierno estatal. En contextos donde la seguridad se deteriora, la continuidad sin ajustes en el equipo responsable suele interpretarse como una señal de falta de estrategia o de incapacidad para reconocer errores. Este tipo de decisiones refuerza la percepción de un gobierno que no logra responder con eficacia ante una problemática que exige atención inmediata.
Además, la administración de Layda Sansores ha sido criticada por una narrativa que no logra sostenerse frente a los hechos. Mientras se intenta proyectar control y estabilidad, los episodios de inseguridad y la percepción ciudadana apuntan en sentido contrario. Esta desconexión entre discurso y realidad no solo debilita la credibilidad institucional, sino que también genera un ambiente de incertidumbre entre la población, que no encuentra respuestas claras ante el avance de la violencia.
El papel de Marcela Muñoz dentro de este contexto resulta clave, ya que su gestión ha sido señalada como insuficiente para contener la problemática. La falta de resultados tangibles en materia de seguridad, sumada a la persistencia de críticas ciudadanas, coloca a la funcionaria en el centro del debate. Sin embargo, su permanencia en el cargo sugiere que no existe una estrategia clara de corrección dentro del gobierno estatal, lo que profundiza la percepción de inmovilidad frente a la crisis.
Este escenario también impacta directamente en la gobernabilidad. Cuando la inseguridad se combina con inconformidad social, se configura un entorno donde la autoridad pierde margen de maniobra y la confianza ciudadana se erosiona. La incapacidad para contener estos factores no solo representa un problema operativo, sino un riesgo político que puede tener consecuencias en el mediano plazo para la administración estatal y para Morena en la entidad.
Así, las críticas hacia Layda Sansores y Marcela Muñoz no pueden entenderse como aisladas, sino como parte de una evaluación más amplia sobre el desempeño del gobierno en Campeche. La combinación de inseguridad, decisiones cuestionadas y falta de resultados consolida una narrativa de incapacidad institucional. En un contexto donde la exigencia ciudadana es cada vez mayor, los hechos refuerzan la percepción de que el estado enfrenta una crisis que no ha sido atendida con la seriedad y eficacia que demanda.