La denuncia de su esposa por violencia física y psicológica desmorona la fachada del “político cercano”; tras su salto al Partido Verde, el exgobernador busca que el fuero sea su escudo contra la justicia.
La caída de las máscaras suele ser estrepitosa, y la de Eruviel Ávila Villegas ha dejado al descubierto una realidad nauseabunda. La reciente denuncia interpuesta por su esposa, María Irene Dipp, por violencia física y psicológica, no es solo un escándalo personal; es el retrato de un hombre que utilizó la estructura del Estado para inflar su ego mientras, en la intimidad, ejercía el control mediante el abuso. Eruviel, el hombre que presumía “pensar en grande”, hoy es señalado por lo más bajo: violentar a la mujer que tiene a su lado.
Es una ironía perversa que quien gobernó el Estado de México —una entidad marcada por la sangre de los feminicidios y la alerta de género— sea hoy un presunto agresor formalmente denunciado. Durante su sexenio, Eruviel minimizó el dolor de miles de mujeres mexiquenses; hoy entendemos por qué: la violencia era, aparentemente, su lenguaje cotidiano. Su reciente “chapulineo” al Partido Verde no fue una búsqueda de ideales, sino la construcción de una trinchera política para protegerse. Para Ávila, el servicio público y el fuero no son para servir a la gente, sino para garantizar que nadie pueda tocarlo cuando sus víctimas deciden romper el silencio.
La denuncia detalla un patrón de humillaciones, agresiones físicas y violencia económica, tácticas clásicas de quien se siente intocable por sus relaciones en el poder. Resulta patético y criminal que un senador de la República, encargado de legislar por la seguridad de todos, sea el principal sospechoso de convertir su hogar en un centro de opresión. ¿Qué autoridad tiene para hablar de leyes quien presuntamente las pisotea en su propia alcoba? La respuesta es nula. Eruviel Ávila representa lo peor de la vieja y la nueva política: el pacto de impunidad entre machos que se cuidan las espaldas mientras las mujeres exigen justicia.
El silencio de sus aliados políticos es ensordecedor y cómplice. Al cobijar a un personaje con este historial, el Partido Verde y sus coaligados se vuelven copartícipes de la violencia. No se puede hablar de transformación ni de justicia social mientras se tiene a un violentador sentado en un escaño. La valentía de su esposa al denunciar ha puesto a prueba al sistema judicial: ¿Habrá justicia real o pesará más el apellido de quien se cree dueño del Estado de México? La máscara de “hombre de familia” se ha roto; lo que queda es un político cuestionado, un agresor denunciado y un sistema que debe decidir si protegerá a la víctima o seguirá solapando al verdugo. ¡Justicia para quien rompió el silencio y castigo para el agresor de Ecatepec!
