Golpear a una esposa frente a su hijo y usar el peso del Estado para amedrentar ya tiene tarifa fija en el sistema judicial de la llamada “transformación”.
El cinismo político en México ha alcanzado su punto de ebullición con la liberación de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. Detenido apenas el pasado 7 de julio tras la difusión de videos en YouTube donde se le ve agrediendo a golpes a su esposa María Felicia Jiménez —incluso frente a su hijo menor de edad—, el exfuncionario federal pisó la calle poco después del mediodía de este martes. Para la justicia mexicana, el riesgo de que un hombre con inmenso poder político y económico regrese a las andadas se disuelve con una ridícula fianza de 20 mil pesos y la promesa de ir a firmar cada mes.
El caso es un crudo recordatorio de cómo la estructura del partido oficialista MORENA cobija a los suyos, manteniendo la impunidad de sus cuadros por encima del discurso de género. María Felicia Jiménez confesó públicamente que soportó agresiones desde 2022 por dependencia económica y por un miedo paralizante a las represalias, dadas las altísimas influencias de su marido dentro del aparato gubernamental. Hoy, tras una sospechosa “redención” legal plasmada en un perdón otorgado por la víctima el 10 de julio, vemos el modus operandi clásico del patriarcado político: asfixiar económica y psicológicamente a la víctima hasta que firme el desistimiento en nombre de la “estabilidad familiar”.
Lo verdaderamente podrido de este episodio es la actuación de las autoridades. Aunque la jueza Consuelo Correa Ortiz intentó lavar la cara del tribunal recordando que los delitos de violencia familiar se persiguen de oficio, la realidad es que modificó la medida cautelar de prisión preventiva a las primeras de cambio. ¿De qué sirve que la ley diga que la violencia de género es grave si en la práctica basta con la billetera de un exdirector de la paraestatal más importante del país para tumbar las rejas?
Mientras tanto, la defensa de Rodríguez Padilla se pasea ante los medios hablando con naturalidad de una “propuesta para la reparación del daño que aún no se concreta”. Es decir, la dignidad, el trauma del menor que presenció las golpizas y la integridad física de una mujer están sujetos a una negociación mercantil. En la pasarela de la política mexicana, los derechos humanos se tasan en billetes y se resuelven con restricciones de papel que en este país rara vez se cumplen y casi nunca se vigilan.
Este caso desnuda la simulación de un sistema político que se llena la boca con discursos feministas y promesas de erradicar la impunidad, pero que se arrodilla cuando el agresor es uno de sus cuadros VIP. Víctor Rodríguez Padilla llevará su proceso en libertad, cobijado por el manto de un perdón forzado por las circunstancias y una fianza que para él representa una propina. La justicia en México sigue teniendo dueño, y lamentablemente, casi siempre viste de traje, tiene conexiones en el gobierno y les pega a las mujeres con total impunidad.