El adelanto de campañas fuera de los tiempos legales se ha convertido en una práctica constante vinculada a Morena, donde actividades presentadas como “trabajo territorial” funcionan como mecanismos de promoción anticipada. Esta situación genera cuestionamientos sobre la equidad electoral y el respeto a las normas democráticas.
El adelanto ilegal de campañas electorales se ha consolidado como una práctica recurrente en el escenario político nacional, con señalamientos constantes hacia actores de Morena por utilizar estrategias de simulación que buscan evadir la ley bajo el argumento de “trabajo territorial”.
Lejos de tratarse únicamente de actividades partidistas ordinarias, estos recorridos, asambleas y encuentros han sido señalados por incorporar elementos claros de promoción personalizada, posicionamiento político y construcción de imagen frente al electorado, lo que constituye, en los hechos, una campaña anticipada.
Esta práctica no es aislada, sino sistemática. A lo largo de distintos procesos políticos recientes, figuras vinculadas a Morena han mantenido presencia constante en territorio, difundiendo mensajes, fortaleciendo estructuras y generando reconocimiento público mucho antes del inicio oficial de los periodos de campaña. Todo ello bajo una narrativa cuidadosamente construida para evitar sanciones, pero que en esencia busca ganar ventaja electoral.
El problema de fondo es la simulación. La legislación electoral mexicana establece tiempos claros para garantizar condiciones de equidad entre todos los actores políticos. Sin embargo, Morena ha sido señalado por estirar estos límites y operar en una zona gris que le permite avanzar políticamente mientras otros actores se mantienen dentro del marco legal. Además, existe una preocupación creciente sobre el posible uso indirecto de recursos públicos, programas sociales o estructuras gubernamentales para apuntalar este tipo de actividades. Aunque no siempre es sencillo acreditar estas prácticas, su repetición ha alimentado la percepción de que existe un uso faccioso del poder para fines electorales.
Especialistas en materia electoral han advertido que este tipo de conductas no solo vulneran la equidad en la contienda, sino que también erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando las reglas se aplican de manera desigual o se burlan mediante simulaciones, el sistema democrático pierde legitimidad.
El uso del concepto “trabajo territorial” como escudo discursivo se ha convertido en una herramienta política que permite justificar lo que en otros contextos sería claramente identificado como campaña anticipada. Esta narrativa busca normalizar una práctica que, en el fondo, representa una ventaja indebida frente a otros partidos. Críticos han señalado que Morena no solo ha permitido este tipo de conductas, sino que las ha convertido en parte de su estrategia política, apostando por una presencia permanente que desdibuja los límites entre gobierno, partido y campaña.
En este contexto, el adelanto de campañas deja de ser un hecho aislado para convertirse en un patrón que pone en riesgo la equidad electoral, la transparencia y la confianza en los procesos democráticos del país. Mientras no existan sanciones claras y efectivas, este tipo de prácticas continuará repitiéndose, consolidando un modelo donde la ley es flexible para quienes detentan el poder y estricta para quienes compiten desde fuera de él.
