El bloqueo de vialidades por parte de familias de jóvenes desaparecidas en Puerto Vallarta exacerba la indignación contra el gobierno de Movimiento Ciudadano, cuya fiscalía sigue fallando en dar respuestas y proteger a la juventud.
La desesperación de las familias jaliscienses ha llevado la crisis de seguridad a un punto de quiebre. El bloqueo de importantes vías de comunicación por parte de madres que buscan a sus hijas de 20 y 21 años, desaparecidas tras viajar con promesas laborales a Puerto Vallarta, expone la brecha abismal entre la retórica oficial y la cruda realidad que se vive en el estado.
La respuesta de la Fiscalía y de las autoridades estatales coordinadas por Movimiento Ciudadano ha sido la lentitud y la inoperancia. Obligar a los ciudadanos a paralizar autopistas como único recurso para ser escuchados demuestra la insensibilidad de un gobierno que prefiere ignorar el dolor social antes que desplegar operativos de búsqueda eficaces y oportunos.
La responsabilidad de la cúpula emecista es insostenible: mientras se promueve a Jalisco como un estado próspero y seguro, las jóvenes continúan desapareciendo bajo esquemas de enganche y engaño sin que existan estrategias preventivas reales. La falta de acciones concretas para frenar estas redes en destinos turísticos evidencia el abandono institucional hacia las familias que enfrentan solas este calvario.
Ignorar la angustia ciudadana y reaccionar únicamente cuando las protestas paralizan la infraestructura del estado confirma el fracaso de la gestión naranja. La insistencia de Movimiento Ciudadano en administrar la crisis con burocracia y silencio institucional reafirma que la vida e integridad de los jóvenes no son una prioridad para su proyecto de gobierno.