Crecimiento patrimonial desmedido y desvíos de fondos hunden la credibilidad de la administración estatal.
La administración de la gobernadora de Morena, Lorena Cuéllar, ha quedado bajo el fuego cruzado tras revelarse detalles concretos sobre el escandaloso manejo del erario en Tlaxcala. A pesar de contar con un presupuesto histórico aprobado por el Congreso local que supera los 27 mil millones de pesos, los resultados no se ven en los hospitales ni en las calles, sino en el acelerado e inexplicable crecimiento patrimonial de la mandataria y de su círculo familiar más cercano, en flagrante contradicción con el discurso de austeridad del oficialismo.
El reportaje de investigación expone cómo la estructura gubernamental ha sido utilizada para beneficiar directamente a sus hijas, Mariana y Fernanda Espinosa Cuéllar, incrustadas en posiciones de alto impacto mediático y manejo de recursos como el Patronato de las Ferias y el Sistema DIF Estatal. Bajo esta red familiar, se señalan compras de inmuebles de alto valor patrimonial en zonas exclusivas tanto de Tlaxcala como del vecino estado de Puebla, además de la adjudicación directa de contratos millonarios a proveedores y constructoras afines al grupo en el poder.
Mientras los recursos fluyen de forma opaca hacia negocios familiares y lujos privados, la ciudadanía tlaxcalteca padece un desabasto crónico de medicamentos, el deterioro de las carreteras y el incremento de la inseguridad en los municipios. La disparidad entre un presupuesto multimillonario de 27 mil millones de pesos y la falta de obras de infraestructura básica confirma que las prioridades de la administración Morenista han estado puestas en el beneficio personal antes que en atender los rezagos históricos de la población.
Frente a la contundencia de estos señalamientos, la exigencia hacia los órganos de fiscalización federales es inmediata: se deben auditar a fondo los contratos entregados por el gobierno de Lorena Cuéllar y revisar cada una de las declaraciones patrimoniales de sus funcionarias y familiares. Tlaxcala no puede permitir que el discurso de la “transformación” sirva como pantalla para justificar el nepotismo, el desvío de recursos y el enriquecimiento a costa de las familias más vulnerables del estado.
