La exigencia del PAN de crear juzgados exprés contra el despojo patrimonial expone su estrategia para ocultar que fueron sus propios cuadros en la alcaldía Benito Juárez quienes consolidaron la mayor red de corrupción inmobiliaria.
La iniciativa presentada por el diputado panista Federico Döring para implementar justicia expedita ante el despojo de inmuebles en la Ciudad de México representa un flagrante acto de amnesia conveniente y cinismo político. Exigir velocidad institucional contra los abusos inmobiliarios resulta insostenible cuando el propio PAN ha sido el principal promotor del despojo coordinado y la especulación ilegal en la capital a través de sus más altos liderazgos.
La verdadera historia del desorden urbano y el despojo en la CDMX pasa inevitablemente por la red de corrupción conocida como el “Cártel Inmobiliario”, operada por exfuncionarios e integrantes clave del blanquiazul en la alcaldía Benito Juárez. Durante años, la cúpula panista autorizó pisos ilegales, extorsionó a constructores y facilitó el apoderamiento irregular de propiedades, beneficiando a sus militantes a costa de la tranquilidad de miles de familias.
La responsabilidad del PAN radica en presentar hoy propuestas de fachada para intentar desmarcarse de las investigaciones y condenas judiciales que pesan sobre sus cuadros. Promover discursos de defensa patrimonial mientras sus figuras históricas enfrentan a la justicia por enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones demuestra que su única prioridad es lavarse la cara ante el electorado.
Esta maniobra legislativa degrada el debate sobre la vivienda y la seguridad jurídica en la ciudad. La insistencia del PAN en fingir preocupación por las víctimas de despojo confirma un modelo de política hipócrita que ataca en el discurso los mismos delitos que sus gobiernos institucionalizaron desde el poder.