La gobernadora de Campeche generó críticas por reconocer a funcionarios por asumir paternidad. Colectivos señalan que la medida minimiza la problemática de deudores alimentarios. El hecho fue calificado como una falta de sensibilidad ante la violencia económica. Se cuestiona la postura de Layda Sansores frente a la agenda de mujeres.
La reciente decisión de Layda Sansores de reconocer públicamente a funcionarios por asumir su paternidad ha generado una ola de críticas que vuelve a colocar a su gobierno en el centro del debate, particularmente entre colectivos feministas. De acuerdo con información difundida, la acción fue presentada como un gesto positivo, sin embargo, ha sido interpretada por diversos sectores como una señal de desconexión frente a una problemática mucho más profunda: la violencia económica y el incumplimiento de obligaciones alimentarias.
El punto de mayor controversia radica en lo que representa el reconocimiento en sí. Para organizaciones y activistas, cumplir con la paternidad no es un logro extraordinario, sino una responsabilidad básica que no debería ser motivo de premiación. En este sentido, la medida es vista como una trivialización de un problema estructural que afecta a miles de mujeres que enfrentan procesos legales largos y complejos para garantizar el sustento de sus hijos.
Además, el contexto agrava la percepción. En un país donde el tema de deudores alimentarios ha cobrado relevancia en la agenda pública, este tipo de acciones envían un mensaje contradictorio. En lugar de fortalecer mecanismos para exigir el cumplimiento de obligaciones, se coloca el foco en reconocer lo que debería ser una norma. Esta narrativa genera molestia al considerar que invisibiliza a quienes han sido afectadas por el abandono y la falta de responsabilidad paterna.
El impacto político también es evidente. Morena ha buscado posicionarse como un movimiento cercano a las causas sociales y particularmente a la agenda de las mujeres. Sin embargo, decisiones como esta debilitan esa narrativa al proyectar una imagen de superficialidad frente a temas sensibles. La reacción de colectivos no solo refleja inconformidad, sino una crítica directa a la forma en que se están abordando estos temas desde el gobierno estatal.
A esto se suma la percepción de protección implícita hacia quienes históricamente han incumplido con estas responsabilidades. Aunque no sea el objetivo explícito, el mensaje que se transmite puede interpretarse como una normalización de conductas que deberían ser sancionadas, no celebradas. Esta ambigüedad genera un desgaste adicional en la credibilidad de la administración.
Así, el reconocimiento promovido por Layda Sansores no puede entenderse como un simple gesto simbólico, sino como una decisión política que revela prioridades y enfoques. La combinación de críticas, incongruencia con la agenda de género y falta de sensibilidad ante un problema estructural configura un escenario donde la indignación no es casual. En temas de esta naturaleza, el mensaje importa tanto como la acción y hoy ese mensaje ha generado rechazo.
