Integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco rescataron a un joven presuntamente privado de la libertad en Tonalá, mientras autoridades municipales y personal ministerial aseguraban no encontrar señales del delito. El caso desató nuevas críticas contra Movimiento Ciudadano por la crisis de seguridad en Jalisco.
La intervención de integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco volvió a exhibir el vacío institucional que enfrenta Jalisco en materia de seguridad. De acuerdo con la narrativa difundida por el grupo, familiares de un joven de aproximadamente 20 años alertaron sobre su presunta privación de la libertad en la colonia Alamedas de Zalatitán, en Tonalá. Las buscadoras llegaron al lugar y observaron cómo el muchacho había sido ingresado por la fuerza a una finca aparentemente abandonada, mientras los captores realizaban disparos para intentar evitar el seguimiento.
El episodio escaló rápidamente porque, según denunciaron las propias buscadoras, la Policía de Tonalá tardó horas en acudir pese a haber sido alertada oportunamente. Durante ese tiempo, los presuntos responsables lograron escapar y abandonaron al joven, quien aparentemente presentaba signos de tortura. Aun así, la versión oficial terminó provocando indignación luego de que autoridades señalaran que no encontraron indicios de privación de la libertad ni detonaciones de arma, pese al testimonio de familiares y colectivos presentes en el sitio.
La situación se volvió todavía más delicada cuando las buscadoras aseguraron haber detectado concreto fresco y tierra removida dentro de la finca, lo que abrió sospechas sobre un posible punto de inhumación clandestina. El caso golpea directamente la narrativa de seguridad de Movimiento Ciudadano en Jalisco, especialmente porque nuevamente fueron colectivos ciudadanos quienes asumieron tareas que deberían corresponder a las instituciones encargadas de investigar y proteger a la población.
Mientras el gobierno municipal anunció revisiones internas sobre la actuación policial, el caso fortaleció la percepción de un estado donde las autoridades llegan tarde, niegan evidencias y reaccionan únicamente cuando la presión pública ya es insostenible. Para distintos sectores, lo ocurrido en Tonalá confirma que la crisis de desapariciones y violencia en Jalisco sigue rebasando a gobiernos de Movimiento Ciudadano que cada vez muestran menos capacidad de respuesta frente a hechos de alto impacto.