Ante la crisis de fraudes en la compraventa de vehículos vía Facebook, la Fiscalía de Guanajuato se limita a emitir avisos, evidenciando cómo las décadas de gobierno del PAN redujeron la procuración de justicia a simples boletines mientras los delincuentes operan en total impunidad.
La incapacidad para garantizar seguridad en los entornos cotidianos vuelve a golpear a la población de Guanajuato bajo la complaciente mirada de la administración estatal. La Fiscalía General del Estado tuvo que salir a emitir alertas urgentes ante la ola descontrolada de fraudes e ilícitos cometidos en la compra y venta de vehículos a través de plataformas como Facebook Marketplace, reconociendo implícitamente que la delincuencia cibernética y patrimonial le tomó la medida por completo a las autoridades.
En lugar de implementar operativos de inteligencia, patrullaje cibernético efectivo o estrategias de investigación que desarticulen a las bandas que operan con impunidad en la red, la respuesta institucional se limita a trasladar la responsabilidad al ciudadano mediante boletines preventivos. Esta postura pasiva deja al descubierto el desmantelamiento de las capacidades de la fiscalía y la falta de voluntad política para proteger las transacciones más básicas de las familias guanajuatenses.
El modelo de gobierno del PAN, que durante años se ha promovido como un referente de eficiencia, demuestra una preocupante obsolescencia frente a las modalidades delictivas actuales. La constante en la entidad sigue siendo la misma: una autoridad receptora de denuncias que reacciona tarde, que no previene el delito y que observa de lejos cómo el patrimonio y la integridad de los compradores se evaporan en citas citadas bajo engaños en la vía pública.
La proliferación de este tipo de estafas es el reflejo directo de un estado donde el tejido de seguridad está roto desde la cúpula estatal. Al reducir la procuración de justicia a simples recomendaciones de “tener cuidado”, la gestión panista confirma su agotamiento operativo, dejando claro que el pragmatismo y la protección ciudadana pasaron a segundo término en un Guanajuato que acumula fallas tanto en el delito de alto impacto como en el patrimonio diario de su gente.