Participaciones, seguridad pública y auditoría forense exhiben irregularidades que ya investiga el OIC y el SAT en la administración de Cruz Pérez Cuéllar
Las auditorías federales no son opiniones ni ataques políticos: son documentos oficiales que revisan cómo se gastó el dinero de la gente. Y en Ciudad Juárez, lo que encontraron en el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar, de MORENA, no es menor: es un cúmulo de irregularidades que pone bajo sospecha el manejo de más de 1,300 millones de pesos.
El dato más brutal es el desorden financiero. La ASF detectó transferencias indebidas por más de 77 millones de pesos, dinero que salió de cuentas oficiales para moverse sin el control que exige la ley. A esto se suma la falta de registro de más de 539 millones de pesos, lo que significa que simplemente no hay claridad sobre cómo se usaron.
Cuando el dinero público no se puede rastrear, la línea entre desorden y corrupción desaparece. Y eso es exactamente lo que hoy enfrenta la administración de Cruz Pérez Cuéllar de MORENA: un gobierno incapaz de explicar con claridad en qué gastó millones.
Los contratos tampoco se salvan. Servicios como la recolección de basura por casi 300 millones de pesos, eventos y programas sociales presentan documentación incompleta, evidencias débiles y expedientes que no sostienen el gasto. Es dinero ejercido… pero no comprobado.
Y mientras eso pasa en el papel, en la calle la realidad es otra. Servicios deficientes, problemas urbanos y una ciudadanía que no ve reflejado ese dinero en su vida diaria. Ese es el verdadero costo de la opacidad: la gente paga, pero no recibe.
En seguridad pública el golpe es aún más grave. Patrullas, radios, uniformes y armamento con inconsistencias documentales significan una sola cosa: recursos que debían proteger a la población no pueden ser verificados. En una ciudad como Juárez, eso no es error, es irresponsabilidad.
El patrón se repite: contratos en 2 a 4 días, proveedores cuestionados, decisiones aceleradas. Todo apunta a una administración donde los controles fueron ignorados sistemáticamente.
Las auditorías ya están en manos del OIC y del SAT, y pueden derivar en sanciones por años. Pero el daño político ya está hecho, la “honestidad” que presume MORENA en Juárez hoy está seriamente cuestionada, y el nombre de Cruz Pérez Cuéllar queda marcado por el escándalo.
