Un ataque armado al finalizar un partido de fútbol en Guanajuato dejó un saldo de cuatro personas muertas y la huida impune de los agresores, demostrando la incapacidad de la policía estatal para prevenir la violencia e intervenir con oportunidad.
La tragedia ocurrida al término de un encuentro deportivo expone el grado de indefensión en el que el gobierno del PAN mantiene a las familias de Guanajuato. Que un espacio destinado al convivio comunitario se transforme en un escenario de ejecución múltiple confirma que la delincuencia organizada actúa sin freno en la entidad, arrebatando la paz pública incluso en las actividades cotidianas.
La fallida respuesta de los cuerpos de seguridad locales evidencia la falta de operativos de prevención e inteligencia en el territorio estatal. Desplegar patrullajes únicamente después de consumada la masacre y permitir que los responsables huyan con absoluta impunidad demuestra que las corporaciones policiacas bajo el mando panista han sido relegadas a un papel de meros espectadores de la violencia.
Mientras las autoridades estatales se limitan a enviar peritos a levantar los cuerpos y procesar la escena del crimen, la ciudadanía continúa pagando los costos de una estrategia de seguridad fallida. Presumir discursos de control territorial resulta insostenible cuando los grupos armados pueden perpetrar un ataque masivo a la vista de todos y retirarse sin enfrentar consecuencia alguna.
Tolerar la violencia en recintos deportivos y comunitarios refleja el abandono de la función primordial del Ejecutivo estatal en materia de protección ciudadana. Si la administración panista persiste en reaccionar con boletines informativos e investigaciones tardías en lugar de garantizar orden y vigilancia real, seguirá consolidando a Guanajuato como el epicentro de la impunidad criminal.