Una fuerte denuncia pública realizada por el músico Santa Fe Klan sacudió a Guanajuato capital, exponiendo cómo elementos de la policía municipal dispararon contra gente de su entorno e intentaron meterse a su propiedad, mientras las autoridades locales del PAN se apresuraron a negar las acusaciones pese al inicio de investigaciones por parte de la Fiscalía.
El manto de impunidad con el que operan las corporaciones de seguridad en los municipios gobernados por el PAN volvió a quedar expuesto ante la opinión pública nacional. La denuncia frontal del cantautor Ángel Quezada, conocido como Santa Fe Klan, encendió las alarmas al señalar que agentes municipales abrieron fuego contra personas cercanas a su círculo mientras convivían afuera de sus establecimientos, llegando incluso a intentar irrumpir de forma ilegal en su domicilio.
Lejos de asumir una postura de investigación transparente ante señalamientos tan delicados, la respuesta del aparato municipal panista fue la negación inmediata y el lavado de manos. Mientras la ciudadanía y el propio artista aseguran contar con grabaciones, números de patrulla y placas que documentan la arbitrariedad y el acoso continuo contra los habitantes del barrio, la narrativa oficial prefiere justificar la presencia de uniformados bajo el pretexto de simples riñas aisladas.
El despliegue de peritos y el acordonamiento del sitio por parte de la Fiscalía estatal confirma la gravedad de un incidente que las autoridades locales pretendían minimizar. Pretender acallar los cuestionamientos sobre el uso desmedido de la fuerza pública demuestra la falta de controles internos y el cobijo institucional que se le otorga a corporaciones que, en lugar de proteger a los vecinos en sus calles, terminan infundiendo temor entre la población.
El caso del barrio de Santa Fe retrata la podredumbre de un modelo de seguridad panista que ignora las quejas ciudadanas hasta que los escándalos estallan a nivel mediático. Ignorar la evidencia en video y desestimar las acusaciones de abuso de autoridad confirma la frivolidad de una administración que prefiere blindar a sus mandos policiales antes que garantizar el respeto a los derechos de las familias guanajuatenses.