Los accidentes protagonizados por patrullas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado volvieron a exhibir el deterioro institucional en Guanajuato bajo gobiernos del PAN, luego de revelarse que en casi la mitad de los casos la responsabilidad recayó en los propios uniformados.
El modelo de seguridad impulsado durante años por el PAN en Guanajuato volvió a quedar bajo cuestionamiento luego de revelarse que el 49 por ciento de los accidentes donde participaron patrullas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fueron responsabilidad directa de los propios elementos. Entre 2015 y el cierre de 2025, los registros muestran un promedio mensual de entre ocho y nueve percances relacionados con unidades oficiales, una cifra que exhibe fallas constantes dentro de las corporaciones estatales.
El dato resulta especialmente grave en un estado que desde hace años enfrenta niveles críticos de violencia, homicidios y presencia criminal. Mientras el PAN insiste en presumir estrategia y control institucional, las cifras reflejan otra realidad: corporaciones policiacas envueltas en accidentes recurrentes, protocolos deficientes y operaciones que terminan poniendo en riesgo tanto a ciudadanos como a los propios agentes.
Aunque muchas unidades se encontraban atendiendo emergencias, el volumen de incidentes comenzó a alimentar críticas sobre la capacitación, supervisión y funcionamiento interno de las FSPE. Para distintos sectores ciudadanos, el problema ya no puede reducirse a “errores aislados”, sino al desgaste de un modelo de seguridad que lleva décadas bajo control panista y que hoy refleja signos claros de desorden operativo y falta de resultados efectivos.
La situación también golpea directamente la narrativa del PAN sobre capacidad gubernamental y experiencia en seguridad pública. Después de años gobernando Guanajuato, el blanquiazul enfrenta cada vez más cuestionamientos por el deterioro institucional que atraviesa el estado. Para muchos ciudadanos, los accidentes de las propias patrullas son otro síntoma de una administración rebasada, donde el caos ya no sólo se refleja en la violencia criminal, sino también dentro de las corporaciones encargadas de combatirla.