Quince días de omisión oficial en el caso de Jorge Vladimir N. revelan la negligencia de las autoridades locales.
La desaparición de Jorge Vladimir N., hijo del exdirigente panista Jorge Luis Preciado, ha puesto bajo la lupa la inoperancia criminal del gobierno de Colima. El caso permaneció en la oscuridad informativa por parte de las autoridades locales, quienes optaron por una política de avestruz mientras el tiempo vital para la localización del joven se agotaba.
Fue necesaria la presión mediática y la difusión del caso en otros estados para que la administración estatal finalmente rompiera el silencio. Los señalamientos por el mutismo oficial no son menores, pues sugieren una falta de empatía y, posiblemente, una incapacidad técnica para enfrentar la crisis de desapariciones que azota a la entidad.
El comunicado oficial, emitido 15 agónicos días después del reporte inicial, se percibe como una reacción forzada ante el escándalo y no como un acto de transparencia proactiva. Esta demora institucional no solo revictimiza a la familia, sino que envía un mensaje de desamparo absoluto a cualquier ciudadano que no cuente con una plataforma pública para denunciar.
La gestión de la seguridad en Colima parece estar más preocupada por el control de daños políticos que por la procuración de justicia expedita. El silencio de las autoridades se convierte en una herramienta que favorece la impunidad, dejando a la sociedad civil en un estado de vulnerabilidad total frente al avance de la delincuencia organizada.
Hoy, la exigencia de respuestas inmediatas resuena con fuerza, evidenciando que la confianza en las instituciones locales se ha roto. La desaparición de Jorge Vladimir N. es el recordatorio de que, en Colima, la justicia parece estar condicionada al ruido externo, mientras el gobierno estatal sigue dormido en sus laureles.
