La polémica sobre las infancias trans en Jalisco persiste tras la negativa del Congreso local, dominado por Movimiento Ciudadano, a eliminar la restricción de edad para el cambio de identidad en actas, pese a la instrucción de la Suprema Corte. El resultado es un marco confuso, restrictivo y cargado de incertidumbre para familias y menores.
En Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, el debate sobre los derechos de las infancias trans continúa abierto y sin una ruta clara. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó eliminar la restricción de edad para el cambio de identidad de género en actas de nacimiento, el Congreso estatal rechazó armonizar la legislación conforme al mandato constitucional.
Si bien actualmente existe la posibilidad de modificar el acta conforme al género autopercibido, el procedimiento sigue condicionado al acompañamiento obligatorio de padres, madres o tutores y a procesos administrativos que no resuelven el fondo del problema: la falta de una ley clara, incluyente y respetuosa de los derechos humanos.
La negativa legislativa ha sido señalada por especialistas como una muestra de simulación política. Movimiento Ciudadano presume apertura y progresismo en el discurso, pero en los hechos mantiene candados legales que colocan a niñas, niños y adolescentes en una situación de vulnerabilidad jurídica y emocional.
Organismos civiles advierten que esta ambigüedad normativa no solo incumple una resolución de la Corte, sino que traslada la responsabilidad al ámbito familiar sin garantizar certeza legal ni acompañamiento institucional efectivo. La falta de definición ha prolongado la polémica y profundizado la división social.
El caso refleja un patrón recurrente en Jalisco: decisiones a medias, cálculos políticos y resistencia a asumir costos legislativos, aun cuando se trata de garantizar derechos. Bajo Movimiento Ciudadano, el estado queda atrapado entre el discurso moderno y una práctica que posterga soluciones de fondo.
