Críticos señalan que el gobierno de Layda Sansores intervino para destituir al rector de la Universidad Autónoma de Campeche y colocar a una rectora afín a sus intereses, generando un serio cuestionamiento sobre la autonomía académica y el uso político de instituciones educativas.
La Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) se encuentra en medio de una fuerte controversia luego de la detención y separación del rector José Alberto Abud Flores por presunta posesión de estupefacientes, y la posterior designación de Fanny Maldonado Guillermo como nueva rectora en una sesión extraordinaria celebrada a puertas cerradas. La rapidez de estos movimientos ha encendido críticas sobre un posible uso político de la institución por parte del gobierno estatal.
Abud Flores, quien había mantenido enfrentamientos públicos con la gobernadora Layda Sansores, fue detenido por la policía estatal bajo cargos de posesión de drogas en su vehículo oficial, en hechos que han sido calificados por cercanos y sectores académicos como dudosos y potencialmente ligados a un intento de removerlo por motivos políticos. Su hijo incluso ha denunciado presuntos actos de persecución y hostigamiento por parte de funcionarios cercanos al Ejecutivo estatal, lo que ha añadido un componente de sospecha sobre el proceder legal.
La designación de Maldonado Guillermo, abogada, notaria pública y funcionaria de la institución, como rectora a escasa horas de la detención y por decisión de un consejo reunido de forma excepcional ha generado cuestionamientos sobre su cercanía con el entorno del gobierno estatal y la posibilidad de que su nombramiento responde más a afinidades políticas que a criterios académicos o de independencia universitaria. El proceso, considerado por algunos observadores como irregular en su forma, ha sido criticado por generar un precedente preocupante para la autonomía de la universidad.
Organismos académicos, estudiantes y sectores ciudadanos han expresado su inquietud por lo que consideran una intromisión en la vida interna de la casa de estudios, señalando que estas prácticas no solo ponen en riesgo la independencia académica sino que abren la puerta a la politización de la educación superior. Las críticas se centran en que transformar una institución educativa en un espacio de control político refleja una tendencia a subordinar a los contrapesos sociales, afectando la confianza y la libertad de pensamiento al interior de una de las principales universidades del estado.
