La búsqueda de justicia da sus primeros pasos en medio del dolor: autoridades y colectivos han logrado identificar positivamente a tres de los 10 mineros que permanecían desaparecidos; sin embargo, el hallazgo es apenas la punta del iceberg, ya que madres buscadoras alertan que en el sitio podrían encontrarse los restos de más de una veintena de personas sepultadas ilegalmente.
La esperanza de encontrar con vida a los mineros desaparecidos en Sinaloa se ha transformado en un proceso de duelo y exigencia de castigo. Tras intensos trabajos periciales y de campo, se ha confirmado la identidad de José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Manuel Castañeda Hernández, cuyos restos fueron recuperados de un predio utilizado por grupos criminales como cementerio clandestino. Este avance, aunque doloroso, brinda una pequeña dosis de certeza a tres familias que llevaban meses en la incertidumbre, pero deja pendiente la localización de los otros siete compañeros del grupo original.
La magnitud del sitio de exterminio podría ser mucho mayor a lo estimado inicialmente por las autoridades. El colectivo de madres buscadoras que acompaña las labores en la zona ha sido enfático: según sus propios indicios y hallazgos en el terreno, en ese predio hay restos de más de 20 personas sepultadas de manera ilegal. Esta discrepancia entre las cifras oficiales y las observaciones de las familias pone de relieve la crisis forense y de seguridad que atraviesa el estado, donde los terrenos baldíos y zonas rurales se han convertido en depósitos de las víctimas de la guerra entre facciones delictivas.
En el ámbito de la justicia, se reportó la detención de 4 personas presuntamente relacionadas con estos hechos. Los detenidos estarían vinculados con la operación del sitio y la desaparición forzada de los mineros, aunque las investigaciones continúan para determinar si forman parte de una estructura criminal más amplia que controla la zona. Mientras tanto, las familias y los colectivos mantienen la guardia en el predio, exigiendo que no se cierren las excavaciones hasta que cada resto sea recuperado e identificado, pues temen que la prisa institucional deje atrás a las decenas de víctimas que aún claman por ser encontradas bajo la tierra sinaloense.
El hallazgo de estos restos representa una dolorosa confirmación para las familias, quienes a través del colectivo de madres buscadoras han denunciado que la magnitud de la tragedia en el predio supera por mucho las estimaciones iniciales de las autoridades. Mientras que el reporte oficial se centraba en la localización de los 10 mineros, las buscadoras sostienen, con base en sus propios trabajos de campo, que en el sitio yacen restos de más de 20 personas sepultadas de manera clandestina, lo que convierte a este punto en un centro de exterminio que operaba bajo la sombra de la impunidad. Aunque la detención de 4 personas vinculadas a estos hechos criminales ofrece un atisbo de justicia, para los colectivos es imperativo que las excavaciones no se detengan, pues el derecho a la verdad y a la identidad de las decenas de víctimas adicionales sigue enterrado bajo el suelo sinaloense.
