Actores de oposición cuestionaron a Morena por presuntas omisiones frente al fenómeno del llamado “huachicol fiscal”, un esquema de evasión y contrabando de combustibles que impacta la recaudación y distorsiona el mercado energético.
Representantes de oposición emitieron un posicionamiento crítico hacia Morena ante el crecimiento de denuncias relacionadas con el denominado “huachicol fiscal”, práctica que consiste en la introducción irregular de combustibles al país mediante subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta o simulación de importaciones para evadir impuestos como el IEPS y el IVA.
De acuerdo con especialistas en materia energética y fiscal, este esquema afecta la recaudación federal, genera competencia desleal en el sector y debilita la trazabilidad de los hidrocarburos. La crítica central apunta a la falta de resultados contundentes para frenar estas prácticas, pese a los controles implementados en los últimos años.
El señalamiento sostiene que, mientras se ha insistido en el combate al robo físico de combustibles —conocido como huachicol tradicional—, el componente fiscal del problema requiere mayor supervisión aduanera, coordinación interinstitucional y transparencia en la información pública sobre importaciones y permisos.
La oposición cuestiona si las autoridades hacendarias y energéticas han reforzado suficientemente los mecanismos de verificación en puertos, aduanas y puntos de internación, así como la fiscalización posterior de volúmenes comercializados en el mercado interno.
Además, advierten que el impacto del huachicol fiscal no es únicamente recaudatorio, sino que puede distorsionar precios, afectar a distribuidores formales y debilitar la competencia en el sector energético.
En el posicionamiento se plantea la necesidad de auditorías específicas, publicación periódica de datos desagregados sobre importaciones de combustibles y revisión de permisos otorgados a comercializadores, con el fin de garantizar legalidad y piso parejo en el mercado.
El debate sobre el huachicol fiscal se mantiene en la agenda pública como un tema de relevancia económica y de seguridad energética, mientras distintas fuerzas políticas exigen mayor claridad sobre las acciones implementadas para contener esta práctica.
