Aunque la gobernadora Layda Sansores difunde en redes que Campeche es uno de los estados más seguros, cifras oficiales y encuestas muestran aumentos en homicidios, delitos de alto impacto y percepción de inseguridad, evidenciando una brecha entre discurso y realidad.
En sus transmisiones y publicaciones oficiales, la gobernadora Layda Sansores ha señalado que Campeche se encuentra entre las entidades con menor incidencia delictiva del país, destacando reducciones en homicidios dolosos en los últimos años. Esta narrativa busca posicionar al estado como un destino seguro y un ejemplo de política de seguridad.
Sin embargo, los datos oficiales disponibles contradicen parcialmente esa versión. Según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Campeche acumuló en 2025 casi 80 homicidios dolosos entre enero y octubre, con meses de aumentos interanuales, y se situó en el lugar 28 a nivel nacional en número de investigaciones de homicidio, esto pese a ser un estado con baja población, lo que no elimina la tendencia de incremento en ciertos periodos.
En la capital, por ejemplo, los homicidios dolosos pasaron de 5 casos en los primeros siete meses de 2024 a 18 en el mismo lapso de 2025, lo que representa un incremento de más de 260% en investigaciones iniciadas por ese delito.
Este aumento en violencia letal se refleja también en la percepción social. Encuestas oficiales de INEGI han mostrado que la percepción de inseguridad en la ciudad de Campeche creció de 38% a más del 69% en los últimos años, indicando que una proporción significativa de habitantes se siente menos segura que antes, especialmente en zonas urbanas.
Adicionalmente, reportes especializados han documentado incrementos en otros delitos de alto impacto, como femicidios y narcomenudeo, que se han reportado al alza en 2025 respecto a 2024, reflejando una tendencia preocupante que no se atenúa.
El contraste entre la narrativa oficial, que pone énfasis en cifras selectivas y comparativas, y los datos reales de criminalidad y percepción ciudadana plantea dudas sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas y la falta de transparencia en el reporte de indicadores completos.
