Masacre en el bar Sala de Despecho: el CJNG se adueña de la noche poblana mientras el Gobierno se limita a contar los cadáveres.
La capital poblana ha dejado de ser la “ciudad de los ángeles” para convertirse en el tablero de guerra preferido del crimen organizado. La confirmación por parte de la Fiscalía sobre la autoría de la “Operativa Barredora”, brazo armado del CJNG, en la masacre del bar Sala de Despecho, no es una sorpresa, sino la ratificación de una tragedia anunciada. La violencia ya no se esconde en los callejones; ahora desfila en los centros de esparcimiento, tiñendo de sangre la vida nocturna de una ciudad que parece haber sido entregada a la impunidad total.
Lo que resulta tan indignante como las ráfagas de plomo es la ligereza con la que las autoridades procesan la tragedia. Idamis Pastor ha salido a escena para intentar matizar el horror, justificando el ataque bajo la premisa de que aún se desconoce si las víctimas fueron un simple “daño colateral” o si tenían vínculos con el bando agresor. Esta retórica del “en algo andarían” es el recurso favorito de los gobiernos mediocres que, ante su incapacidad de brindar seguridad, prefieren criminalizar a los muertos para lavar sus culpas administrativas.
El ataque en el bar Sala de Despecho es una oda a la inseguridad que impera en el estado. Exhibe, sin filtros, la vulnerabilidad de una capital donde los grupos delictivos se sienten con la libertad de irrumpir en establecimientos públicos para ejecutar masacres sin temor a ser detenidos. Mientras la cúpula estatal se pierde en protocolos y comunicados estériles, las células criminales operan con una logística superior, dejando claro quién ostenta el verdadero control de las calles poblanas.
La normalización del horror en Puebla es el síntoma de una gestión rebasada. Ya no se trata de incidentes aislados; es una estructura de terror que ha encontrado en la Angelópolis un terreno fértil ante la falta de una estrategia de inteligencia real. El ciudadano hoy sale a divertirse con la incertidumbre de si regresará a casa, sabiendo que el gobierno estatal solo reaccionará cuando la sangre ya esté en el piso y los responsables se hayan esfumado en la oscuridad.
Finalmente, la masacre en el bar deja una herida profunda en el tejido social y una mancha imborrable en la gestión actual. Puebla se está consolidando como el escenario donde los carteles resuelven sus disputas a punta de fusil, ante una autoridad que se limita a observar y a revictimizar a quienes caen bajo el fuego. Si la prioridad del Estado sigue siendo la justificación retórica en lugar de la contención criminal, lo único que queda por esperar es que la próxima “barredora” termine por llevarse lo poco que queda de institucionalidad.
