Se registra un aumento significativo en quejas por presuntas violaciones a derechos humanos atribuidas a fuerzas de seguridad estatales durante la administración de Layda Sansores, lo que ha generado preocupación por el uso de la fuerza y la protección de garantías fundamentales en Campeche.
Diversos actores políticos y sociales han señalado un incremento en denuncias relacionadas con presuntos abusos cometidos por corporaciones de seguridad estatales bajo la administración de Layda Sansores.
Las quejas ante organismos de derechos humanos estarían vinculadas a presuntos casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y actos que podrían constituir violencia institucional. El señalamiento central apunta a que el número de inconformidades se habría triplicado en comparación con periodos anteriores, lo que encendió alertas en distintos sectores.
Críticos del gobierno estatal sostienen que el incremento refleja fallas en los protocolos de actuación policial, así como deficiencias en los mecanismos de supervisión y control interno. Señalan que el uso legítimo de la fuerza debe regirse por principios de proporcionalidad, legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Asimismo, advierten que la percepción de indefensión ciudadana puede agravarse cuando no existe claridad sobre investigaciones internas, sanciones administrativas o acciones correctivas frente a posibles abusos.
El debate también gira en torno a la necesidad de fortalecer la capacitación en derechos humanos, revisar lineamientos operativos y transparentar estadísticas oficiales para garantizar rendición de cuentas.
Mientras tanto, el tema ha escalado en la agenda pública estatal, en medio de llamados a revisar la política de seguridad y asegurar que la actuación policial cumpla con estándares constitucionales y convencionales en materia de protección de derechos fundamentales.
