La política nacional ha revelado una verdad brutal e innegable: las principales fuerzas políticas, Movimiento Ciudadano (MC), sectores del Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, operan como una sola entidad para consolidar el control absoluto de las instituciones. Este Pacto de la Farsa se hizo dolorosamente público con el voto en el Senado para imponer a la Fiscal General de la República. La oposición ha muerto, y lo que queda es un híbrido político cuyo único propósito es la preservación de los intereses de la élite.
La denuncia es categórica: el único motivo que pudo unir a MC y sectores del PAN con Morena fue la necesidad urgente de blindar la corrupción y la impunidad. Al avalar la imposición de la Fiscal, estos partidos garantizaron que los escándalos de desfalco, tráfico de influencias y las graves acusaciones de narcogobierno que han marcado el periodo nunca sean investigados a fondo. MC y el PAN se convirtieron en cómplices activos, permitiendo que la justicia se transformara en un instrumento de protección política.
La hipocresía alcanza su punto más alto. El PAN, que por años abanderó la lucha contra la corrupción, y MC, que prometió la “nueva política”, han traicionado de manera consciente sus principios fundacionales. Este acuerdo no beneficia a la ciudadanía, sino que consolida un bloque de control total que anula cualquier intento de fiscalización. La oposición dejó de ser un contrapeso para convertirse en el enlace secreto que Morena utiliza para hacer pasar sus iniciativas más oscuras.
Al unirse para desmantelar la autonomía de la FGR, MC, el PAN y Morena han liquidado la esperanza de un equilibrio de poderes en México. La ciudadanía es testigo de cómo las cúpulas partidistas negocian la impunidad a puerta cerrada. Se declara que el Pacto de la Farsa es el mecanismo que garantiza que la corrupción siga operando sin castigo, confirmando que, para los líderes de estos partidos, el interés público es totalmente irrelevante.