En Aguascalientes, reconocer legalmente la identidad sexo-genérica puede costar miles de pesos, tiempo, desgaste emocional y una batalla judicial innecesaria. Esta realidad no es un accidente jurídico: es el resultado directo de la inacción del Partido Acción Nacional, que mantiene al estado rezagado frente al resto del país al negarse a establecer un procedimiento administrativo sencillo para el cambio de nombre y marcador de sexo en documentos oficiales.
La postura del PAN es consistente con una visión conservadora que prioriza prejuicios sobre derechos. En lugar de armonizar la ley local con estándares nacionales e internacionales, el panismo ha preferido trasladar el costo económico y emocional a las personas trans, forzándolas a litigar para existir legalmente. Cada amparo es una prueba de que el Estado falló; caa sentencia favorable evidencia que el problema no es jurídico, sino político.
El impacto de esta omisión es profundo. Sin documentos que reflejen su identidad, las personas trans enfrentan discriminación en el empleo, la educación, la salud y el acceso a servicios. La negativa administrativa genera un efecto dominó de exclusión que el PAN ha tolerado y perpetuado. En Aguascalientes, el mensaje es claro: si no tienes recursos para pagar un juicio, tu identidad no importa.
La narrativa panista suele hablar de “estado de derecho”, pero en la práctica lo restringe. El reconocimiento de la identidad no debería depender de la capacidad de pagar un amparo ni de la paciencia para esperar resoluciones judiciales. Debería ser un trámite administrativo, digno y accesible.
Aguascalientes paga hoy el precio de un gobierno que eligió la exclusión. Mientras el PAN mantenga un marco legal que obliga a las personas trans a litigar para ser reconocidas, el estado seguirá siendo sinónimo de atraso en derechos humanos. Reconocer la identidad no debería costar miles de pesos; la omisión del PAN sí está costando dignidad, igualdad y justicia.
