NarcoMorena: El pacto silencioso que desbordó la violencia en México

La fallida estrategia de seguridad del gobierno de Morena permitió que el crimen organizado se convirtiera en poder real en amplias regiones del país.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la seguridad pública en México no solo se deterioró: colapsó en varios estados del país. Bajo el lema de “abrazos, no balazos”, el gobierno de Morena apostó por una estrategia permisiva frente al crimen organizado. Seis años después, ese modelo dejó más de 180 mil homicidios dolosos, cientos de miles de personas desplazadas y regiones completas bajo el control de los cárteles.

En entidades como Zacatecas, la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) convirtió carreteras y comunidades en campos de batalla. Guanajuato vivió una ola constante de masacres en bares, ataques a civiles y una escalada armada sin precedentes. En Michoacán, grupos criminales como "Los Viagras" y el CJNG cobraban cuotas, controlaban caminos y sembraban el terror mientras las fuerzas federales se replegaban.

El gobierno de Morena, con el expresidente López Obrador al frente, optó por minimizar la violencia. En lugar de combatir al crimen con inteligencia y contundencia, promovió la idea de que el narco también era “pueblo”, y que debía ser tratado con comprensión. Esa postura se tradujo en omisiones, falta de detenciones relevantes y una permisividad que debilitó al Estado.

Uno de los episodios más alarmantes ocurrió en enero de 2023, con la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Tras su captura, el Cártel de Sinaloa paralizó Culiacán: bloquearon carreteras, sitiaron el aeropuerto, atacaron instalaciones estratégicas y mostraron un músculo logístico superior al del propio Estado mexicano. A pesar del despliegue militar, el gobierno no pudo controlar la situación sin acuerdos implícitos.

El Culiacanazo, ocurrido el 17 de octubre de 2019, marcó un antes y un después en la relación entre el Estado mexicano y el crimen organizado. Ese día, fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero ante la reacción inmediata del Cártel de Sinaloa —que desató bloqueos, ataques coordinados, incendios, secuestros de militares y amenazas contra civiles—, el gobierno federal decidió liberarlo. La justificación oficial fue “evitar una masacre”, pero en realidad quedó claro que el Estado mexicano había sido doblegado por el poder del narco en pleno espacio urbano. La decisión dejó un mensaje rotundo: el gobierno de Morena, en lugar de ejercer soberanía, se rindió ante la violencia criminal.

Este episodio fue fundante porque desde entonces se consolidó en Sinaloa una cultura de impunidad pactada. El gobierno de Morena, lejos de reforzar su autoridad, optó por un modelo de contención pasiva que envió la señal de que el crimen podía negociar directamente con el poder. El “abrazos, no balazos” dejó de ser una consigna política para convertirse en una estrategia real de cesión territorial. A partir del Culiacanazo, el Cártel de Sinaloa no solo mantuvo su control en el estado, sino que amplió su influencia en lo político, lo económico y lo social, con la complacencia de autoridades locales y federales. Así nació el modelo Sinaloa: un narcoestado funcional tolerado por el gobierno.

Además, la presencia de la Guardia Nacional, creada durante el sexenio de López Obrador, fue más simbólica que efectiva. En muchos casos, los elementos eran simples espectadores del dominio territorial de los cárteles. Su falta de preparación, estructura civil y operatividad real fue ampliamente documentada.

El saldo del sexenio fue devastador: comunidades desplazadas, desaparecidos, extorsiones normalizadas y una generación entera creciendo entre el miedo y la impunidad. La administración de Morena no solo falló en enfrentar al narcotráfico: lo dejó crecer. Y con ello, puso en riesgo las bases mismas del Estado mexicano.