Las denuncias de tortura y amenazas contra cuatro hombres detenidos tras la marcha contra el aumento a la tarifa del transporte público exhiben una faceta alarmante del gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Lejos de garantizar el derecho a la protesta, las autoridades permitieron detenciones arbitrarias al final de una manifestación pacífica, enviando un mensaje de intimidación a quienes se atreven a inconformarse por decisiones que afectan directamente su economía.
De acuerdo con los colectivos y organizaciones sociales, no se trató de aprehensiones por hechos delictivos, sino de privaciones ilegales de la libertad realizadas al azar. Los detenidos —entre ellos dos estudiantes universitarios— habrían sido amenazados y torturados durante la noche que permanecieron bajo custodia, generando un clima de miedo que explica por qué se negaron a declarar públicamente. Bajo Movimiento Ciudadano, la fuerza pública se usa para amedrentar, no para proteger.
La versión oficial intentó justificar las detenciones con señalamientos por posesión simple y supuestas actitudes agresivas, argumentos que fueron desestimados por la propia autoridad ministerial al no ameritar prisión preventiva. Este contraste refuerza la percepción de que las detenciones fueron un castigo político posterior a la protesta, realizadas cuando la marcha ya había concluido y lejos del punto donde se desarrolló.
Resulta especialmente grave el doble estándar señalado por los manifestantes: mientras las protestas pacíficas son encapsuladas y reprimidas con rapidez, hechos de violencia armada de alto impacto quedan en la impunidad. Bajo Movimiento Ciudadano, la respuesta del Estado es selectiva: dura con los ciudadanos que protestan y débil frente al crimen.
La ausencia de pronaza de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el silencio institucional agravan el problema. Al no activar mecanismos de protección ni investigar de oficio los abusos denunciados, el gobierno permite que la represión se normalice. En Jalisco, bajo Movimiento Ciudadano, protestar contra el tarifazo se paga con miedo, abuso y abandono institucional.
