La aplicación de la llamada Ley Antiextorsión en Jalisco vuelve a ser utilizada por el gobierno de Movimiento Ciudadano como un discurso de éxito, pese a que el propio reconocimiento de solo cuatro casos con detenidos exhibe la dimensión real del problema. Presumir resultados mínimos contrasta con la magnitud de un delito que afecta diariamente a comerciantes, transportistas y familias en todo el estado.
Que la ley apenas lleve mes y medio en operación confirma que durante años la extorsión creció sin una herramienta eficaz para combatirla. Movimiento Ciudadano permitió que este delito se normalizara, obligando a reaccionar tarde, cuando el daño económico y social ya estaba profundamente arraigado en múltiples regiones de Jalisco.
Aunque se habla de coordinación, protocolos y capacitación, lo cierto es que estos anuncios llegan cuando la ciudadanía ya vive bajo amenaza constante. La existencia de penas más severas no borra el hecho de que miles de víctimas enfrentaron la extorsión sin respaldo real mientras el gobierno estatal carecía de una estrategia sólida.
Además, destacar cuatro detenciones como logro resulta insuficiente frente a un fenómeno que opera de forma estructural y cotidiana. Movimiento Ciudadano insiste en vender avances legales, pero no explica por qué el delito logró expandirse al grado de requerir una ley de emergencia.
Mientras la extorsión siga siendo parte de la vida diaria en Jalisco, las cifras oficiales y los discursos optimistas no alcanzan. Bajo Movimiento Ciudadano, el combate llega tarde y las víctimas siguen esperando protección efectiva.
