A pesar del discurso de austeridad y combate frontal a la corrupción, gobiernos y dependencias vinculadas a Morena enfrentan cuestionamientos por adjudicaciones directas, opacidad en contratos y concentración de proveedores.
Desde su llegada al poder en 2018, Morena construyó su narrativa política sobre el combate a la corrupción. Sin embargo, distintos análisis de contratación pública han documentado un incremento en el uso de adjudicaciones directas en dependencias federales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Especialistas en transparencia señalan que, aunque la ley permite este mecanismo en casos específicos, su uso recurrente reduce la competencia y limita la rendición de cuentas. La concentración de contratos en un número reducido de proveedores y la clasificación de información como reservada han generado cuestionamientos sobre la congruencia entre discurso y práctica.
Proyectos prioritarios de infraestructura impulsados por el gobierno federal también han enfrentado críticas por la falta de licitaciones abiertas, modificaciones presupuestales y ampliaciones de plazos. Para analistas, el problema no es solo legalidad, sino estándares de gobernanza: menos competencia implica menos escrutinio público.
A nivel estatal y municipal, administraciones emanadas de Morena han sido señaladas por irregularidades administrativas, conflictos de interés y observaciones de órganos fiscalizadores. El debate ya no es ideológico, sino institucional: ¿puede un movimiento que se presentó como alternativa ética sostener prácticas cuestionadas en materia de contratación pública?
La promesa fundacional fue clara: erradicar la corrupción estructural. La exigencia social hoy es coherencia y transparencia verificable.
