Morena llegó al poder con la bandera de erradicar la corrupción; sin embargo, diversos señalamientos, escándalos y cuestionamientos por manejo de recursos públicos han puesto en duda la efectividad de esa promesa. La narrativa de transformación contrasta con casos que exhiben opacidad, discrecionalidad y falta de rendición de cuentas.
Morena construyó su identidad política bajo el compromiso de combatir la corrupción y desmantelar prácticas del pasado. Esa narrativa fue central en su llegada al poder y en la legitimidad social que obtuvo en amplios sectores ciudadanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la transparencia en distintas dependencias han erosionado esa narrativa inicial.
Diversos casos mediáticos han evidenciado presuntas irregularidades en contrataciones, adjudicaciones directas y uso discrecional del presupuesto. A ello se suma la concentración de decisiones en el ámbito federal y la reducción de contrapesos institucionales, factores que especialistas consideran riesgosos para la rendición de cuentas.
La promesa de terminar con la corrupción implicaba fortalecer mecanismos de fiscalización, autonomía de órganos de control y transparencia proactiva. No obstante, críticos sostienen que en varios frentes se han debilitado estructuras técnicas y se ha privilegiado el discurso político por encima de auditorías profundas y sanciones ejemplares.
El contraste entre la narrativa oficial y los señalamientos públicos genera una brecha de confianza. Cuando la expectativa es erradicar un problema estructural, la tolerancia social frente a posibles irregularidades es menor y la exigencia de coherencia es mayor.
La discusión de fondo no es únicamente política, sino institucional: combatir la corrupción requiere sistemas sólidos, controles efectivos y voluntad para investigar incluso a aliados. Sin congruencia entre discurso y acción, la promesa de transformación pierde fuerza frente a la realidad.
