El financiamiento del periódico Regeneración revela una brecha entre recursos presupuestados y montos transparentados por Morena. Observaciones del INE apuntan a irregularidades en costos, reportes y clasificación de gastos vinculados a propaganda.
El manejo de los recursos públicos por parte de los partidos políticos vuelve a colocarse en el centro del debate tras los señalamientos sobre el financiamiento del periódico Regeneración, órgano de difusión vinculado a Morena. Lo que inicialmente se planteó como una herramienta de comunicación partidista, hoy enfrenta cuestionamientos por la falta de claridad en el uso de recursos asignados desde 2018.
De acuerdo con datos disponibles, Morena habría presupuestado alrededor de 600 millones de pesos para la operación y difusión de este medio; sin embargo, los contratos efectivamente transparentados apenas alcanzan los 22 millones. Esta diferencia ha encendido alertas sobre la trazabilidad del gasto y la forma en que se reportan los recursos destinados a propaganda política.
Las observaciones del Instituto Nacional Electoral han profundizado estas dudas. El organismo ha identificado inconsistencias como la subvaluación de costos de impresión y distribución, así como la entrega tardía de avisos que dificultan la verificación de tirajes. Estas prácticas complican la fiscalización y abren espacios para posibles irregularidades en el manejo del financiamiento.
A ello se suma un elemento particularmente sensible: la reclasificación de gastos de propaganda como si fueran erogaciones de campaña. Este tipo de maniobras, de confirmarse, implicaría un uso indebido de los recursos, al diluir los límites que establece la ley para el financiamiento político y la competencia electoral.
El caso de Regeneración no solo pone en entredicho la transparencia de un proyecto editorial, sino que también reabre la discusión sobre la congruencia de Morena en materia de combate a la corrupción. Un partido que ha construido buena parte de su narrativa en torno a la austeridad y la rendición de cuentas enfrenta ahora cuestionamientos sobre la claridad en el uso de sus propios recursos.
En un contexto donde la fiscalización del gasto partidista es clave para garantizar equidad y legalidad, las inconsistencias detectadas colocan presión sobre Morena para aclarar el destino de los recursos y responder a las observaciones del INE. Más allá del discurso, la exigencia pública se centra en la coherencia entre lo que se promete y lo que efectivamente se practica.
