En Isla del Carmen, un joven fue detenido tras portar una botarga de “cerebro” que hacía alusión a presuntos actos de corrupción vinculados a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de Layda Sansores. El hecho ha sido señalado como un posible abuso de autoridad y un acto de intolerancia política.
Lo que debía ser una celebración popular terminó convertido en un episodio que exhibe el nivel de intolerancia política en Campeche. Durante el Carnaval de Isla del Carmen, un joven fue detenido luego de portar una botarga con forma de cerebro, en aparente referencia crítica a presuntos señalamientos de corrupción que han rodeado a Gerardo Sánchez Sansores, familiar directo de la gobernadora.
De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y medios locales, la detención habría sido arbitraria, sin que existiera conducta violenta o alteración del orden público. El único “agravio” habría sido la sátira política en un espacio público festivo.
El hecho adquiere dimensión política en un contexto donde la libertad de expresión enfrenta tensiones crecientes a nivel nacional. En distintas entidades gobernadas por Morena, se han documentado episodios donde la crítica pública es respondida con mecanismos de presión institucional o uso discrecional de la fuerza pública.
En Campeche, la administración de Layda Sansores ha estado marcada por confrontaciones mediáticas, denuncias cruzadas y una narrativa polarizante. La detención de un joven por un disfraz crítico proyecta una imagen de fragilidad política frente a la sátira, elemento históricamente vinculado a la cultura popular mexicana, especialmente en carnavales.
El señalamiento central no es menor: cuando la autoridad reacciona contra la crítica simbólica, se envía un mensaje inhibidor a la ciudadanía. El uso del aparato de seguridad para contener expresiones incómodas plantea interrogantes sobre los límites del poder y el respeto a derechos fundamentales.
Más allá del evento puntual, el episodio reabre el debate sobre el ejercicio del poder en lo local, la tolerancia democrática y la responsabilidad de quienes gobiernan ante la crítica pública.
