"Layda Sansores: la gobernadora que amordaza a la prensa"

En un hecho que ha encendido las alarmas sobre la libertad de prensa en Campeche, el Tribunal Electoral del Estado, bajo el amparo del gobierno de Morena, ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, del portal “La Barra Noticias”, a disculparse públicamente todos los días con la gobernadora Layda Sansores. La acusación: supuesta “violencia política de género” por criticar a la mandataria.

Esta resolución, calificada por comunicadores y especialistas como un acto de censura brutal, sienta un precedente peligroso: ahora, cuestionar al poder podría costar no solo demandas, sino humillaciones públicas obligadas. Los periodistas deben leer un texto impuesto por el Tribunal, reconociendo que sus comentarios fueron “ofensivos” y “estereotipados”, mientras el gobierno de Morena se presenta como víctima, pese a su historial de agresiones verbales contra opositores y críticos.

Pero este no es un caso aislado. En otra maniobra de control informativo, una jueza de Campeche prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez y al periódico Tribuna mencionar a la gobernadora Sansores. Aún más grave: cada nota, comentario o programa sobre el tema debe pasar primero por un censor judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Un control previo al estilo de regímenes autoritarios, ajeno a cualquier democracia.

Bajo el manto de la defensa de género, Layda Sansores y su gobierno de Morena han convertido la ley en un arma para silenciar voces incómodas, sofocar la crítica y blindar su imagen. Mientras los problemas de inseguridad, corrupción y abandono crecen en las calles, el aparato estatal se dedica a perseguir periodistas y controlar lo que los campechanos pueden o no leer.

Hoy, Campeche vive un clima de miedo y represión mediática. La consigna parece clara: quien se atreva a cuestionar al gobierno de Morena, pagará con censura, demandas y el peso de un aparato judicial dispuesto a callar a toda costa.