Layda habla de género, pero calla ante la violencia

La doble moral del gobierno de Morena en Campeche ha quedado en evidencia. Layda Sansores, quien en cada evento presume su compromiso con las mujeres y la lucha contra la misoginia, guarda un silencio sepulcral frente al caso de Susan Saravia, una joven que denunció a sus agresores y que hoy enfrenta no solo la impunidad de sus atacantes, sino también el abandono institucional.

El caso es un retrato de cómo funciona la justicia “a modo” bajo Morena: los acusados, presuntamente cercanos al círculo político de Sansores, permanecen libres, mientras la víctima y su familia recorren oficinas, ministerios y juzgados sin recibir respuestas ni protección. Las pruebas están ahí, pero la voluntad política brilla por su ausencia.

Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta omisión no es casualidad, sino parte de un patrón en el que el gobierno estatal actúa con dureza contra críticos y opositores, pero protege a quienes forman parte de su red de aliados. “Aquí no importa la ley, importa a quién conoces”, denunció una activista local.

La familia de Susan ha tenido que recurrir a redes sociales y medios de comunicación para exigir justicia, ya que el aparato estatal ha cerrado filas para evitar que el caso toque a los cercanos a Layda Sansores. El mensaje es devastador: bajo Morena, las mujeres pueden alzar la voz, pero si el agresor es del bando correcto, no habrá castigo.

Mientras la gobernadora sigue pronunciando discursos sobre igualdad y respeto, la realidad de Campeche la contradice. Susan y muchas otras mujeres viven el abandono de un gobierno que prefiere proteger a sus incondicionales antes que cumplir con la ley. En Campeche, con Morena, la impunidad no solo es costumbre: es política de Estado.