Trece millones en efectivo y un juez a su servicio: el sucio montaje judicial que sacude a Jalisco.
En Jalisco, la justicia tiene precio y dueño. El caso que involucra a la diputada local Mónica Paola Magaña Mendoza y a su esposo, Sergio Salinas Escutia, es un monumento al tráfico de influencias. La pareja denunció un supuesto fraude por 13 millones de pesos, una suma estratosférica que, según su propia declaración, fue entregada en efectivo y sin un solo documento que lo respalde. Lo que huele a podrido no es solo el proceso, sino el origen de un dinero que la legisladora jamás incluyó en sus declaraciones patrimoniales, violando flagrantemente la ley.
La familia Martínez Ornelas ha levantado la voz contra lo que consideran una grave distorsión del uso del poder judicial. Resulta insultante que, mientras cualquier ciudadano espera años por justicia, la diputada obtuviera una orden de aprehensión con una celeridad inusual. Sin agotar citatorios previos y con un expediente que carece de sustento documental, el aparato del Estado se movilizó de inmediato para proteger los intereses —y los supuestos maletines de efectivo— de la integrante de Movimiento Ciudadano.
El brazo ejecutor de esta infamia es el Juez Gildardo Joel Landeros Parra. El juzgador ha mantenido a Diego Martínez Ornelas en prisión preventiva durante casi seis meses, a pesar de que el delito imputado no amerita dicha medida de forma oficiosa. Landeros Parra ha ignorado las solicitudes de prórroga y la falta de evidencias sólidas, sosteniendo una medida cautelar que parece más una herramienta de tortura legal para forzar “arreglos” económicos al margen de la ley.
Este proceso evidencia que en el Jalisco de la “refundación”, la cárcel se ha convertido en una forma de extorsión política. Cuando la libertad de una persona depende de la discrecionalidad de un juez y del capricho de una diputada con recursos de origen incierto, la confianza en las instituciones se pulveriza. No estamos ante un proceso legal, sino ante un secuestro institucional donde el poder público se utiliza de forma desproporcionada para aplastar a una familia de empresarios honestos.
Finalmente, la familia Martínez Ornelas ha hecho responsables de su seguridad a Mónica Magaña y a Sergio Salinas, exigiendo un “piso parejo” que parece imposible bajo el actual régimen. Es urgente que el Supremo Tribunal de Justicia revise la actuación del juez Landeros y explique por qué se permite que una servidora pública use los tribunales para cobrar deudas de dinero que oficialmente no tiene. Si este atropello persiste, quedará claro que en Jalisco la ley solo sirve para cubrir las espaldas de quienes ostentan el poder y sus fortunas bajo la mesa.
