La detención de José Alberto Abud activa las alarmas nacionales; intelectuales y académicos advierten que Campeche se ha convertido en el laboratorio de un autoritarismo que busca amordazar a las universidades para convertirlas en feudos partidistas.
El arresto y posterior destitución de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), ha dejado de ser un pleito local para convertirse en una afrenta nacional contra la libertad de cátedra. Más de 80 académicos de prestigio en todo el país han alzado la voz para denunciar lo que califican como una persecución política orquestada desde el Palacio de Gobierno por Layda Sansores. Para los expertos, el uso de la fuerza pública para remover a una autoridad universitaria no es justicia, es un atentado directo contra la autonomía que busca silenciar las voces críticas que se niegan a someterse a los caprichos del régimen estatal.
La preocupación nacional radica en el peligroso precedente que sienta el “método Campeche”. Al criminalizar a un rector bajo operativos cuestionables, el gobierno de Sansores envía un mensaje de terror al resto de las instituciones educativas: cualquier espacio de pensamiento independiente será intervenido si no se alinea con la retórica oficialista. Los académicos denuncian que detrás de esta maniobra no hay una búsqueda de legalidad, sino un intento desesperado por tomar el control de la UACAM para convertir sus recursos y espacios en herramientas de proselitismo político de cara a los próximos procesos electorales.
La vulneración de la autonomía universitaria en Campeche es el reflejo de una administración que desprecia el conocimiento y la disidencia. Mientras la gobernadora insiste en que su gobierno es “del pueblo”, los hechos demuestran que es un gobierno que encarcela a la inteligencia y premia la lealtad ciega. La toma de la rectoría por figuras afines a la gobernadora confirma que el objetivo final era desmantelar la capacidad crítica de la universidad. Esta embestida no solo afecta a un hombre, sino que pone en riesgo el derecho de miles de estudiantes a una educación libre de ideologías impuestas por el estado.
Ante la mirada de la opinión pública nacional, Layda Sansores ha cruzado una línea roja que rara vez se toca en democracia. La respuesta de los 80 académicos es solo el inicio de una resistencia civil que busca proteger a las universidades del autoritarismo tropical. Si el gobierno federal no interviene para frenar estos abusos de poder, Campeche se consolidará como el epicentro de un retroceso democrático donde las leyes se interpretan según el ánimo de la gobernadora y las universidades se vuelven oficinas de gobierno. El asalto a la UACAM es, en realidad, un asalto al pensamiento libre de México.
