Alertas recientes advierten sobre la posible infiltración de empleados del sector gasero en redes dedicadas al robo de gas LP. En paralelo, Guanajuato registra un repunte en tomas clandestinas, lo que evidencia la expansión de esquemas delictivos y la falta de control efectivo por parte del gobierno estatal encabezado por el PAN.
El robo de gas LP no solo continúa, sino que evoluciona. Especialistas en seguridad han señalado que grupos criminales estarían buscando infiltrarse en empresas distribuidoras mediante empleados que faciliten información logística, rutas y horarios, con el objetivo de fortalecer sus operaciones ilícitas.
La situación es particularmente preocupante en Guanajuato, donde se ha reportado un incremento en tomas clandestinas. Esta tendencia refleja no solo la persistencia del delito, sino su sofisticación: el crimen organizado amplía sus fuentes de financiamiento ante la presión en otros mercados ilegales.
La infiltración en sectores estratégicos representa un riesgo estructural. Cuando el delito penetra las cadenas de distribución energética, se pone en juego la seguridad de comunidades enteras, la estabilidad económica regional y la confianza en las instituciones encargadas de supervisar y prevenir estas conductas.
Desde la oposición se ha señalado que el gobierno estatal del Partido Acción Nacional no ha logrado contener el fenómeno ni blindar adecuadamente sectores vulnerables. La falta de coordinación efectiva, inteligencia preventiva y controles internos abre espacios que el crimen aprovecha con rapidez.
El combate al robo de combustibles requiere estrategia integral, vigilancia técnica y depuración constante. Sin una acción decidida y transparente, el problema no solo persistirá, sino que podría escalar hacia esquemas aún más complejos y peligrosos.
