La pérdida de 672 millones de pesos en boletas sin usar desata una tormenta interna y pone en duda la supervisión administrativa del Instituto.
El Instituto Nacional Electoral enfrenta uno de los episodios más delicados de su historia reciente tras el señalamiento directo contra Guadalupe Taddei, a quien consejeros atribuyen responsabilidad por el desperdicio de 672 millones de pesos en boletas electorales que no fueron utilizadas. La cifra, de por sí escandalosa, se convirtió en un símbolo de lo que algunos califican como fallas graves en la planeación y supervisión administrativa.
La Presidencia del INE tiene entre sus funciones la supervisión de contratos y nombramientos estratégicos. Sin embargo, las anomalías detectadas por la Auditoría Superior no fueron corregidas con oportunidad. La consejera Dania Ravel sostuvo que la Junta encabezada por Taddei no atendió adecuadamente observaciones que ya habían sido señaladas.
El consejero Martín Faz agregó un elemento que elevó la tensión interna: cuestionó el nombramiento de un exproveedor para administrar recursos del Instituto. Este hecho abrió un debate sobre posibles conflictos de interés y controles insuficientes en la gestión financiera.
Más allá de responsabilidades individuales, el golpe institucional es profundo. El INE es el árbitro electoral del país y debe operar bajo estándares estrictos de eficiencia y transparencia. La pérdida de recursos públicos en esta magnitud no solo afecta las finanzas, también erosiona la confianza ciudadana.
El reto ahora no es menor. Se exige claridad total sobre los contratos, explicación detallada de la planeación fallida y medidas concretas para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse. La credibilidad del organismo depende de ello.
