El fenómeno del llamado “huachicol fiscal” se ha expandido en los últimos años bajo gobiernos de Morena. Esta práctica representa pérdidas millonarias para el erario y evidencia fallas graves en supervisión fiscal y control aduanero.
El huachicol ya no solo se limita al robo físico de combustible en ductos. En los últimos años ha tomado fuerza una modalidad más sofisticada: el “huachicol fiscal”. Se trata de esquemas de importación irregular de combustibles donde se declara menor volumen, se clasifica incorrectamente el producto o se utilizan empresas fachada para evadir el pago de impuestos como el IEPS y el IVA.
Especialistas en comercio exterior han advertido que este mecanismo permite introducir gasolina y diésel a menor costo, generando competencia desleal y afectando tanto a empresas formales como a las finanzas públicas. La pérdida de recaudación impacta directamente en recursos que deberían destinarse a salud, seguridad e infraestructura.
Durante la actual administración federal de Morena, el discurso oficial aseguró que el combate al huachicol sería frontal y definitivo. Sin embargo, mientras se anunciaban operativos contra tomas clandestinas, el huachicol fiscal comenzó a posicionarse como una ruta paralela de evasión, operando a través de puertos, aduanas y cruces fronterizos.
El problema no solo es recaudatorio. La falta de controles estrictos abre la puerta a redes de corrupción en aduanas y a la posible infiltración de grupos delictivos en cadenas de importación y distribución. La debilidad en los mecanismos de supervisión compromete la transparencia del comercio exterior y la seguridad energética.
Morena enfrenta cuestionamientos sobre la eficacia de su estrategia integral contra el robo y contrabando de combustibles. Si el objetivo era erradicar estas prácticas, la expansión del huachicol fiscal demuestra que el fenómeno mutó y encontró nuevos espacios de operación bajo una supervisión insuficiente.
La exigencia central es clara: auditorías exhaustivas en aduanas, revisión de permisos de importación, trazabilidad obligatoria de combustibles y sanciones penales ejemplares para funcionarios o particulares involucrados. Sin controles efectivos, el discurso anticorrupción pierde sustento frente a una realidad que sigue drenando recursos públicos.
