La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso un alto al intento del gobierno de Campeche de concentrar decisiones sobre obras públicas, al invalidar una reforma que permitía a Layda Sansores autorizar proyectos sin el aval de los ayuntamientos, por violar el orden constitucional y la autonomía municipal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar una reforma impulsada durante la administración de Layda Sansores que otorgaba al Ejecutivo estatal la facultad de autorizar obras públicas de gran impacto sin requerir licencias ni permisos de los municipios involucrados. El fallo representa un revés jurídico para una visión centralista que buscaba concentrar decisiones clave en el gobierno estatal.
El máximo tribunal determinó que dicha reforma vulneraba principios constitucionales fundamentales, en particular la autonomía municipal, al desplazar a los ayuntamientos de su responsabilidad legal en materia de desarrollo urbano, uso de suelo y planeación territorial. Con ello, la Corte reafirmó que ningún gobierno estatal puede imponer obras por encima de las autoridades locales electas.
La decisión también envía un mensaje claro frente a prácticas que pretenden justificar la concentración del poder bajo el argumento del “interés estatal”, ignorando los contrapesos institucionales y la participación de los gobiernos municipales. Para especialistas, este tipo de esquemas abre la puerta a decisiones discrecionales, opacidad y conflictos con las comunidades directamente afectadas.
Con este fallo, la Suprema Corte frena una ruta autoritaria que pretendía normalizar la imposición de proyectos sin diálogo ni consenso. La resolución fortalece el federalismo, protege la legalidad y confirma que el respeto a la Constitución sigue siendo el límite frente a intentos de control político desde los gobiernos estatales.
