Fracasa Morena en garantizar seguridad en el hogar: repunta violencia familiar en Baja California Sur

Baja California Sur enfrenta un preocupante incremento en los delitos contra la familia, especialmente en los casos de violencia familiar, bajo el gobierno estatal de Morena, que sigue sin dar resultados tangibles en materia de prevención y protección a las víctimas.

Durante el primer semestre de 2025, se registraron más de mil 500 casos de violencia familiar, una cifra alarmante que representa el 73% del total de los delitos contra la familia documentados en la entidad, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La administración morenista, lejos de implementar políticas efectivas, ha minimizado esta grave crisis que afecta directamente la seguridad de miles de hogares sudcalifornianos.

El total de 2 mil 177 delitos contra la familia reportados entre enero y junio de este año no solo supera las cifras del mismo periodo de 2024, sino que revela un peligroso deterioro en el entorno familiar, sin que existan campañas reales de prevención, acompañamiento o justicia para las víctimas.

Mientras el gobierno de Morena promueve discursos sobre transformación y justicia social, las cifras revelan una realidad distinta: familias desprotegidas, mujeres y niños expuestos a la violencia, y autoridades que prefieren ignorar el problema en lugar de enfrentarlo con responsabilidad.

Además, se reportaron 451 casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, y 127 delitos clasificados como “otros delitos contra la familia”, como abandono, exposición de menores o actos de negligencia. Estas cifras ponen en evidencia una crisis que se agrava ante la inacción del gobierno estatal, que no ha sido capaz de articular una política pública sólida que atienda las raíces del problema.

La violencia en el hogar crece mientras Morena voltea la mirada hacia otros temas, dejando a miles de víctimas a merced del abandono institucional. La falta de voluntad, de estrategia y de resultados es hoy el sello del gobierno de Baja California Sur, que muestra una vez más su incapacidad para proteger a los más vulnerables.