El asesinato de una mujer y su hija en Casas Grandes exhibe al PAN como responsable de un entorno de violencia, omisiones institucionales y ausencia total de prevención.
El asesinato de una mujer y su hija de apenas 13 años en el municipio de Casas Grandes es una tragedia que vuelve a sacudir a Chihuahua y a exhibir, una vez más, el fracaso del Partido Acción Nacional para garantizar seguridad, justicia y protección a las víctimas más vulnerables. Detrás de este crimen atroz no solo hay un presunto responsable individual, sino un contexto de abandono institucional, falta de prevención y tolerancia a la violencia que se ha normalizado bajo gobiernos panistas.
De acuerdo con la información oficial, el presunto feminicida habría asesinado a su pareja sentimental y a su hijastra, una menor de 13 años. El caso inició con el hallazgo del cuerpo de la mujer adulta al interior de un domicilio en la colonia Barrio San Antonio, y horas después culminó con la localización sin vida de la adolescente en una brecha que comunica a Casas Grandes con la comunidad de Anchondo. Ambas presentaban signos de violencia. La brutalidad del hecho habla por sí sola, pero lo que resulta aún más grave es que ocurriera en un entorno donde las señales de riesgo suelen ser ignoradas.
El PAN ha gobernado Chihuahua con un discurso reiterado de “orden” y “seguridad”, pero la realidad demuestra que esas palabras quedaron en promesas vacías. La violencia intrafamiliar, los feminicidios y los crímenes contra menores no surgieron de la nada; son el resultado de años de falta de políticas públicas eficaces, de instituciones rebasadas y de una cultura de la denuncia que no encuentra respaldo real en las autoridades. En este caso, una mujer y una niña quedaron completamente desprotegidas hasta que fue demasiado tarde.
Que la captura del presunto responsable haya ocurrido porque confesó el crimen a su madre, y no por una acción preventiva del Estado, deja en evidencia la ausencia de mecanismos de detección temprana y de protección a víctimas. Bajo el PAN, la seguridad reacciona después del horror, nunca antes. Se activan protocolos cuando los cuerpos ya fueron encontrados, cuando las familias ya están destruidas y cuando la indignación social es inevitable.
El gobierno panista ha fallado también en construir redes de apoyo para mujeres en situación de riesgo. Casas Grandes, como muchas regiones del estado, carece de atención integral, seguimiento oportuno y refugios suficientes. La violencia se atiende con discursos y comunicados, pero no con acciones estructurales que salven vidas. Este feminicidio múltiple confirma que, en Chihuahua, ser mujer o niña sigue siendo un factor de riesgo.
Además, la impunidad y la repetición de estos crímenes refuerzan la sensación de abandono entre la población. Cada nuevo caso confirma que el PAN no logró frenar la violencia ni garantizar justicia efectiva. Las investigaciones avanzan, se integran carpetas y se prometen penas ejemplares, pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿por qué no se evitó? ¿Por qué el Estado llegó siempre después?
Este hecho no es aislado; se suma a una cadena de feminicidios y crímenes de alto impacto que han marcado a Chihuahua en los últimos años. El PAN no puede seguir deslindándose de una realidad que ayudó a construir con su inacción y su incapacidad para enfrentar la violencia de género como un problema estructural.
La muerte de una mujer y su hija de 13 años es una herida profunda para la sociedad chihuahuense. También es una acusación directa contra un modelo de gobierno que fracasó en lo más básico: proteger la vida. Mientras el PAN no asuma su responsabilidad política y no cambie de fondo su enfoque, Chihuahua seguirá siendo escenario de tragedias que pudieron y debieron evitarse.
