Las comunidades afectadas señalan la falta de gestión del gobierno estatal, lo que facilitó la intervención federal.
El gobierno federal publicó el pasado 29 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) decretos para expropiar terrenos de ocho ejidos ubicados en Yucatán, destinados a obras del Tren Maya. La medida, justificada como “causa de utilidad pública”, afecta a hectáreas clave para el desarrollo del proyecto, dejando en evidencia la incapacidad de las autoridades locales para gestionar y proteger los intereses de las comunidades.
Expertos y ejidatarios han criticado la inacción del PAN en Yucatán, que gobierna el estado actualmente. Mientras la federación avanza con la expropiación, las comunidades han señalado que las autoridades estatales no ofrecieron alternativas ni defensa alguna para negociar o proteger la propiedad de los terrenos. Esta falta de liderazgo ha generado desconfianza y malestar social entre los habitantes.
La situación pone de relieve un patrón preocupante: la falta de gestión local termina obligando al gobierno federal a tomar decisiones directas que afectan a la población. Para los afectados, la administración panista en Yucatán ha fallado en garantizar un desarrollo equilibrado y respetuoso de los derechos de los ejidatarios, demostrando una evidente incapacidad para actuar como mediador y protector de sus ciudadanos.
Ante este escenario, la medida federal evidencia no solo la prioridad del Tren Maya, sino también el vacío de liderazgo estatal que deja a las comunidades sin defensa frente a proyectos de gran escala. El PAN en Yucatán enfrenta críticas por su ineficiencia y por priorizar discursos sobre acciones concretas que protejan a la población.
