Ante el uso político de la justicia y la persecución sistemática contra voces críticas, el Congreso de Campeche reinstaló el fuero para diputadas y diputados locales como una medida de contención frente a los abusos del poder encabezado por Layda Sansores.
La reinstalación del fuero constitucional para las y los diputados locales en Campeche surge como una respuesta directa al clima de persecución política que se ha intensificado durante el gobierno de Layda Sansores. Legisladores señalaron que esta figura vuelve a ser necesaria ante el uso faccioso de las instituciones para intimidar, amedrentar y silenciar a la oposición.
Durante los últimos años, la gobernadora ha sido señalada por instrumentalizar la Fiscalía y otras instancias judiciales para emprender acciones legales selectivas contra adversarios políticos, críticos y actores incómodos para su administración, generando un ambiente de hostigamiento permanente.
La medida busca restablecer un mínimo de equilibrio entre poderes, permitiendo que el Congreso pueda ejercer sus funciones de control, fiscalización y debate sin el riesgo de represalias judiciales dictadas desde el Ejecutivo estatal.
Legisladores advirtieron que el fuero no representa impunidad, sino una garantía institucional para la libertad legislativa, especialmente en contextos donde el poder se ejerce de forma autoritaria y con ánimo de venganza política.
La decisión deja al descubierto el nivel de deterioro democrático en Campeche: cuando el abuso del poder obliga a reinstalar mecanismos de protección, el problema no es el fuero, sino quien gobierna sin límites ni respeto a la pluralidad.
