Enrique Vargas del Villar, figura clave del Partido Acción Nacional (PAN) y actual senador de la República, enfrenta uno de sus momentos más críticos tras ser señalado en la “mañanera” por presuntos vínculos con una red de despojo de tierras y extorsión en Huixquilucan; el legislador, que ha alternado el poder municipal con su esposa Romina Contreras, suma esta acusación a un largo historial de controversias patrimoniales.
La denuncia presentada esta semana en la conferencia matutina ha puesto el foco nacional sobre Enrique Vargas del Villar, el hombre fuerte del PAN en el Estado de México. Vargas no es un actor menor: ha sido dos veces consecutivas presidente municipal de Huixquilucan (2016-2021), diputado local en diversas legislaturas y, desde septiembre de 2024, ocupa un escaño en el Senado de la República por el principio de primera minoría. Su influencia es tal que su esposa, Romina Contreras Carrasco, es la actual alcaldesa de Huixquilucan, cargo para el que fue reelecta hasta 2027, consolidando lo que críticos denominan un “cacicazgo” familiar en uno de los municipios más ricos del país.
Los señalamientos en la mañanera no llegan al vacío. Vargas del Villar arrastra un expediente de controversias inmobiliarias que han sido documentadas por diversos medios. Entre las más graves se encuentran:
- 🏠 Compras a personas fallecidas: Se le ha acusado de adquirir propiedades en Bosques de las Lomas y Huixquilucan a precios de “ganga” (hasta el 10% de su valor real) mediante operaciones donde fungió como comprador y representante de las vendedoras, quienes llevaban meses o años de fallecidas al momento de la firma.
- 🏢 El “Rancho Vargas”: El terreno adquirido bajo este esquema sirvió para construir una propiedad de lujo que posteriormente vendió en 12 millones de pesos al dirigente estatal de su propio partido, el PAN.
- 🌴 Lujo en Miami: Se le atribuye la propiedad de un departamento de 3.5 millones de dólares en la exclusiva Torre Armani en Miami, adquirido a través de una empresa “fachada” constituida apenas un mes antes de la compra.
A esto se suman investigaciones sobre presuntos “moches” por 2.6 millones de pesos relacionados con contratos de recolección de basura, así como la asignación de contratos por más de 80 millones de pesos a una red de empresas fachada durante sus gestiones y las de su esposa. Incluso se ha señalado que ha falseado sus declaraciones patrimoniales ante el Senado, omitiendo acciones en al menos siete empresas privadas dedicadas al ramo inmobiliario y publicitario.
Aunque el senador panista ha calificado estas acusaciones como “guerra sucia” y ha presumido premios de transparencia otorgados durante su administración, la solicitud de intervención de la UIF planteada en la mañanera marca un nuevo nivel de presión institucional. Para el PAN, Vargas es un baluarte electoral; para sus detractores, es el ejemplo de cómo el poder municipal se ha utilizado para construir un emporio inmobiliario privado a costa del patrimonio de los ciudadanos de Huixquilucan. El caso ya está en manos del gabinete federal, y el desenlace podría redefinir el futuro político del panismo en el Estado de México.
