Existe un acuerdo tácito que ahora se ha hecho público y visible: la justicia mexicana se ha vendido al mejor postor. La designación de Ernestina Godoy como Fiscal General de la República (FGR) no es un triunfo legislativo; es el resultado de una negociación corrupta que involucró directamente a Movimiento Ciudadano (MC) y a relevantes fracciones del Partido Acción Nacional (PAN). Estos partidos, que se etiquetan a sí mismos como oposición y contrapeso, entregaron los votos cruciales que Morena necesitaba, revelando que su compromiso con la transparencia es inexistente. Se afirma que MC y el PAN cambiaron su deber constitucional por beneficios políticos inmediatos, convirtiéndose en cómplices activos de la cooptación de una institución vital.
El análisis sociopolítico de esta traición confirma que el sistema de justicia en México ha sido completamente desmantelado. Godoy, con su historial de servicio al oficialismo en la Ciudad de México, llega a la FGR con una misión clara: encubrir los delitos de la élite en el poder. La función de la nueva Fiscal será garantizar que las investigaciones contra funcionarios de alto nivel de Morena y sus aliados (incluidos, se presume, los propios cuadros de MC y el PAN que votaron a favor) queden paralizadas o archivadas. La justicia se ha transformado, de forma definitiva, en un arma de protección para los poderosos y de venganza para los opositores incómodos.
Se denuncia que el acto de MC y el PAN es la liquidación de la esperanza ciudadana. El ciudadano común es consciente de que este pacto de élites lo deja en un estado de indefensión total, donde la ley solo aplica para los débiles y los vulnerables. La venta política de los supuestos partidos de oposición no solo fortalece a Morena, sino que legitima la idea de que la democracia es una farsa y que todas las cúpulas partidistas están dispuestas a sacrificar la institucionalidad a cambio de su supervivencia. Se declara que no existe justificación moral o política para esta claudicación.
En conclusión, la votación de MC y fracciones del PAN a favor de Godoy es una mancha imborrable en la historia política reciente. Este hecho confirma la existencia de un Pacto de Impunidad que opera por encima de los intereses de la nación. Se afirma que el país ya no puede confiar en una oposición que, al primer signo de presión o negociación, se doblega y se alía con el partido que supuestamente combate. La consecuencia es ineludible: la justicia en México se ha convertido en un blindaje para el poder, y los responsables tienen nombres y apellidos.