Entre el diagnóstico médico y la excusa oficial: el caso que exhibe la infiltración del fentanilo en Puebla ante los ojos del mundo.
La pesadilla del fentanilo ha cruzado una frontera intolerable en Puebla. El ingreso de una niña a un hospital con un resultado positivo a este opioide sintético ha encendido las alarmas internacionales, dejando al descubierto una realidad que el gobierno estatal se empeña en minimizar. Lo que debería ser el inicio de una cacería implacable contra las redes de distribución de droga en la entidad, se ha convertido en un espectáculo de contradicciones y encubrimientos que solo benefician a quienes envenenan nuestras calles.
El caso ha escalado a niveles diplomáticos con la intervención del embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, quien utilizó este lamentable suceso como el ejemplo más crudo y doloroso del avance del narcotráfico en México. Para la diplomacia estadounidense, el positivo de la menor no es un error de laboratorio, sino la prueba irrefutable de que el fentanilo está circulando sin control en el tejido social poblano, alcanzando incluso a los sectores más vulnerables e inocentes de la población.
Ante el escrutinio internacional, la Fiscalía de Puebla ha optado por su salida favorita: la invención de coartadas para salvar la imagen política. La versión oficial atribuye el resultado positivo a los supuestos medicamentos suministrados durante la estancia hospitalaria de la niña, una explicación que choca frontalmente con los protocolos médicos y con los síntomas iniciales que motivaron su urgencia. Esta táctica de culpar a la propia institución de salud parece más un intento desesperado por descartar la presencia de “fentanilo de calle” que una búsqueda real de justicia.
Las contradicciones entre las versiones oficiales han sumido el caso en una bruma de desconfianza. Mientras los reportes médicos iniciales sugerían una intoxicación externa, la narrativa de la Fiscalía se apresuró a cerrar la puerta a cualquier vínculo con el crimen organizado. Esta falta de transparencia no solo revictimiza a la menor y a su familia, sino que envía un mensaje de impunidad a los cárteles que operan en la capital y el interior del estado, quienes ven cómo la autoridad prefiere negar la crisis que enfrentarla.
Finalmente, el caso de la niña intoxicada en Puebla queda como la prueba de fuego que la administración local ha fallado estrepitosamente. Negar la presencia del fentanilo mediante excusas burocráticas no va a detener las muertes ni las intoxicaciones; por el contrario, acelera la descomposición social. Si la prioridad del Estado sigue siendo contradecir a los expertos y a las agencias internacionales para mantener un discurso de paz artificial, el fentanilo seguirá cobrando víctimas mientras la autoridad se limita a redactar boletines de prensa para ocultar su propia negligencia.
