El caso del tinte de cabello resume la falsedad del discurso de austeridad.
El caso de Layda Sansores es uno de los ejemplos más claros de la distancia entre el discurso y la realidad dentro de Morena. Durante su paso por el Senado, facturas oficiales confirmaron que cargó tintes de cabello al presupuesto público, dentro de gastos que superaron los 700 mil pesos. No es un detalle menor: es la muestra más gráfica de cómo se usó el dinero del pueblo para fines personales.
El tinte de cabello no tiene justificación posible como gasto legislativo. No mejora leyes, no representa ciudadanos y no atiende causas sociales. Aun así, fue pagado con recursos públicos, lo que exhibe una práctica que Morena prometió erradicar.
Estos gastos no salieron de su bolsillo, sino del erario. La información se obtuvo mediante solicitudes de transparencia y fue respaldada con comprobantes oficiales, lo que deja claro que no se trata de versiones ni rumores, sino de hechos documentados. Aun así, Sansores optó por descalificar la información y acusar una supuesta distorsión mediática.
El problema es que las explicaciones no borran los documentos. El uso de recursos públicos para cubrir gastos personales representa exactamente lo que Morena dice combatir: privilegios, discrecionalidad y abuso del presupuesto. Que hoy se intente minimizar ese episodio no elimina su impacto político ni ético.
Más aún, ya como gobernadora, los señalamientos continúan. El antecedente del Senado refuerza la percepción de que el poder se utiliza para sostener un estilo de vida personal, mientras se repite el discurso de defensa del pueblo y austeridad republicana.
La incongruencia es evidente. No se puede hablar de “primero los pobres” cuando existen antecedentes claros de uso del dinero público para fines privados. Layda Sansores no solo carga con un episodio del pasado, sino con una contradicción que hoy sigue marcando su administración.
