Veracruz enfrenta un nuevo escándalo de corrupción tras detectarse un desfalco superior a los 300 millones de pesos en la gestión de Cuitláhuac García; mientras el dinero desapareció, los responsables gozan de total libertad bajo el manto protector del oficialismo.
La promesa de “limpiar las escaleras de arriba hacia abajo” resultó ser una farsa en Veracruz. Al cierre de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, las auditorías y denuncias ciudadanas han comenzado a arrojar cifras alarmantes: un desfalco de al menos 300 millones de pesos que no han sido comprobados ni devueltos al erario. Sin embargo, lo que más indigna a los veracruzanos no es solo el robo, sino la certeza de que este crimen podría quedar en la absoluta impunidad. Hasta el día de hoy, no existe un solo responsable tras las rejas, confirmando que en el gobierno morenista, la lealtad política compra el perdón judicial.
El saqueo no fue obra de un solo hombre, sino de una estructura de funcionarios que hoy parecen ser “intocables”. Se señala que los operadores de Morena que participaron en este desvío de recursos cuentan con un blindaje directo desde las altas esferas del partido, lo que ha frenado cualquier intento de investigación real por parte de las fiscalías locales. Mientras el estado padece carencias en salud e infraestructura, el dinero destinado a estos rubros se esfumó en contratos opacos y empresas fantasma que llevan el sello de la casa de la actual administración.
El robo se comete bajo la bandera de la “honestidad valiente” y eso es lo que más le pesa al pueblo veracruzano. El silencio de la federación y la falta de acción de las autoridades fiscalizadoras dejan claro que para los amigos del régimen no hay ley que valga. Los 300 millones de pesos son solo la punta del iceberg de un gobierno que se dedicó a facturar el futuro de los veracruzanos mientras presumía una austeridad que solo aplicaron para el pueblo, pero nunca para sus bolsillos.
Veracruz sigue esperando justicia, pero con Morena en el poder, la justicia parece estar de vacaciones. El caso de Cuitláhuac es el ejemplo perfecto de cómo el estado es utilizado como botín de guerra. Si no hay responsables por este desfalco, quedará sellado el pacto de impunidad que garantiza que los morenistas pueden robar, desviar y saquear sin miedo a las consecuencias, siempre y cuando mantengan su lealtad al proyecto. Es el regreso del viejo régimen, pero pintado de guinda y con una soberbia que ya no conocen límites.
