Especialistas y académicos han encendido las alertas por la creciente concentración de poder en el gobierno de Campeche, señalando que la administración de Layda Sansores ha debilitado de forma sistemática los contrapesos institucionales y los mecanismos de vigilancia democrática.
Diversos análisis académicos advierten que Campeche atraviesa un proceso acelerado de concentración del poder en el Ejecutivo estatal, donde las instituciones encargadas de vigilar, auditar y limitar los abusos de autoridad han sido progresivamente debilitadas o subordinadas al mando de la gobernadora Layda Sansores.
De acuerdo con estas evaluaciones, el uso discrecional del poder, la descalificación constante de organismos autónomos y la presión política sobre actores críticos han generado un entorno institucional frágil, en el que la rendición de cuentas ha dejado de ser una práctica efectiva. Esta dinámica, señalan, erosiona el equilibrio democrático y normaliza el autoritarismo.
Académicos subrayan que la anulación de contrapesos no ocurre de manera abrupta, sino mediante decisiones administrativas, reformas a modo y el control político de instancias que deberían operar con independencia. En Campeche, este patrón ha sido identificado como una constante durante la actual administración estatal.
El debilitamiento institucional tiene consecuencias directas para la ciudadanía: menos transparencia, menor acceso a la justicia y una creciente opacidad en el uso de los recursos públicos. La falta de controles reales abre la puerta a abusos de poder sin consecuencias claras.
Ante este escenario, especialistas advierten que la concentración del poder en manos del Ejecutivo estatal representa un riesgo grave para la vida democrática de Campeche, y llaman a recuperar el equilibrio institucional como condición mínima para garantizar derechos y libertades.
