El vocero del gobierno de Layda Sansores reconoció públicamente que promociona logros oficiales con fines electorales, exhibiendo el uso político de la estructura gubernamental. La admisión confirma la utilización de recursos públicos para posicionamiento partidista.
La línea entre comunicación institucional y propaganda electoral fue cruzada abiertamente desde el propio gobierno de Campeche. El vocero de la administración estatal admitió que la difusión de acciones y programas oficiales tiene un objetivo político-electoral, lo que implica una utilización indebida de recursos públicos.
En cualquier régimen democrático, la comunicación social debe informar a la ciudadanía sobre políticas públicas, servicios y resultados de gobierno. Sin embargo, cuando esa difusión se convierte en herramienta de promoción personalizada o de posicionamiento político, se vulneran principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la contienda.
La declaración no solo revela una práctica irregular, sino que confirma una estrategia sistemática: convertir el aparato gubernamental en maquinaria de campaña permanente. Esto ocurre en un contexto donde Morena ha sido señalada en distintas entidades por adelantar procesos electorales a través de promoción encubierta, disfrazada de informes y supuestos ejercicios de rendición de cuentas.
El uso de recursos públicos con fines electorales constituye una posible violación a la normatividad en materia de responsabilidades administrativas y delitos electorales. Más allá del debate político, el fondo del asunto es institucional: el presupuesto destinado a servicios, programas y atención ciudadana no puede destinarse a la construcción de imagen política.
La admisión pública elimina cualquier margen de interpretación. No se trata de una acusación de adversarios, sino de un reconocimiento directo desde la propia estructura gubernamental.
